La cartera económica expresa, a través de un informe que dio a conocer este lunes, que las medidas incluyen restricciones claras sobre gastos no prioritarios como viáticos, pasajes, horas extras, combustibles, entre otros, así como también todo lo que tiene que ver con los nombramientos y contrataciones de personal.
La cartera asegura que el presupuesto para el próximo año no prevé incrementos salariales generalizados y solo se considera aquellos procesos que están establecidos por la Ley N° 1626/2000 y las carreras profesionales vigentes legalmente.
Además, indica que el plan de gasto se encuentra alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), visibilizando la inversión realizada como país en respuesta a cada objetivo, en el que se destaca la promoción de sociedades pacíficas, inclusivas y con justicia para todos (14,5%), salud y bienestar (14,3%), trabajo decente y crecimiento económico (12,3%) y educación de calidad (8,9%).
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Hacienda señala que el proyecto de presupuesto para el próximo año es de G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), superior en 6% al presupuesto inicial del año 2022, representando el 33% del PIB, con lo que se busca volver gradualmente a los niveles de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), a fin de reducir la incidencia en la deuda pública.
A tal efecto, dice Hacienda, buscando priorizar programas que inciden en las condiciones de vida de la población, el presupuesto para el siguiente año se distribuye principalmente en un 66,6% para inversiones que se destinan a la población de manera directa, en un 18,3% para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y en un 15,1% para el funcionamiento de las entidades públicas. “Del total presupuestado, el 52,3% se encuentra asignado a la Administración Central, donde se sitúan los diferentes ministerios”, indica la nota.