El salario mínimo aumentó desde el pasado mes de julio 11,4%, y pasó de G. 2.289.324 a G. 2.550.307 mensual.
Esta variación obliga al Ministerio de Hacienda a reajustar en el proyecto de presupuesto 2023 las remuneraciones y los beneficios establecidos en salarios mínimos.
Uno de estos sectores que recibirá el reajuste por la variación del sueldo mínimo es el de las Fuerzas Públicas o policías y militares.
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La Ley N° 4493/11 establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Públicas en salarios mínimos, así como también la Unidad Básica Alimentaria (UBA), la bonificación familiar, la atención de su salud y la de su familia.
Además, establece que aquellos que se encuentren en situación de retiro percibirán sus haberes equiparados con el sueldo del que está en actividad y en correspondencia al grado jerárquico que ostentaba al momento de su retiro, por lo que el impacto también alcanzará a la Caja Fiscal y a su vez al Tesoro Público.
El déficit de militares y policías en la Caja Fiscal se financia con recursos tributarios, atendiendo que el aporte de los activos no alcanza para cubrir el pago a los que están en situación de retiro.
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Hacienda está actualmente en el proceso de definición del proyecto de PGN 2023, teniendo en cuenta que el 1 de setiembre a más tardar deberá presentar a consideración del Congreso para su estudio.
En ese contexto, se menciona que sólo el reajuste salarial para militares y policías tendrá un impacto de alrededor de US$ 46 millones.
El monto será mayor una vez que se reajusten los otros beneficios que reciben los uniformados, como la UBA, bonificación familiar, salud y otros.
Reajuste para administrativos
En el PGN 2023 también se deberá contemplar un reajuste del 11,4% para los funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo, lo que implica que pasarán a ganar G. 2.550.307 mensual.
Esta variación tendrá un costo adicional para el Tesoro de más de US$ 5 millones, según los datos manejados en Hacienda.
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También se deberá reajustar el sueldo de los gobernadores y de las juntas departamentales, y la pensión alimentaria para adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad.
En este último caso, las proyecciones apuntan a que el Tesoro requerirá de un adicional de US$ 31 millones para cubrir la diferencia de pasar de G. 572.331 a G. 637.577 mensual.