El informe de Hacienda señala que los recursos ingresados a la Caja Fiscal en concepto de aportes llegaron a más de G. 1,5 billones (US$ 218,3 millones), en tanto que los gastos realizados en el mismo periodo superan los G. 1,9 billones (US$ 289,9 millones), lo que deja una diferencia negativa de G. 492.917 millones (US$ 71,6 millones).
Los datos indican que el sector de empleados públicos, al mes de junio, registra un superávit de 94%, docentes universitarios 18% y magistrados judiciales 19%, pero el sector de policías, militares y maestros exhiben déficits del -58%, -73% y -46%, respectivamente.
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Los policías y militares, de acuerdo con lo que dispone la ley, perciben sus haberes equiparados con el sueldo del que está en actividad y en correspondencia con el grado jerárquico que ostentaba en el momento de su retiro.
Sistema de jubilaciones fragmentado
Hacienda resalta que tras la reforma de la Caja Fiscal realizada en 2003, se crearon nuevos sectores que antes formaban parte de la Administración Pública. En ese sentido, cita la ley de enfermeros en 2007, la de Fuerzas Públicas en 2011, docentes universitarios en 2012, de obstetras y de la Patrulla Caminera en 2015.
Asimismo, en 2019, la ley para odontólogos y bioquímicos, médicos del Ministerio de Salud, y guardaparques; en 2020, leyes para médicos de todas las entidades públicas y personas con discapacidad, en 2021 para psicólogos y en este año 2022, para psicólogos de todas las entidades públicas.
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La cartera sostiene que el sistema está altamente fragmentado, en el que todos aportan el 16% de sus ingresos, pero el acceso a los beneficios es muy inequitativo.
La Caja Fiscal tiene registrado al mes de junio 68.713 beneficiarios, de este total 58.375 son jubilados y 10.338 herederos o pensionados, mientras que la cantidad de funcionarios activos que aportan superan los 230.000.