El Ministerio de Hacienda solicitó a la Cámara de Senadores que postergue el tratamiento del proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”, presentado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista).
El Senado tiene previsto analizar mañana el tema en su sesión ordinaria como segundo punto del orden del día, por lo que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, solicitó al presidente de dicha Cámara, senador Óscar Salomón (ANR-Añeteté), la posposición de su tratamiento para que puedan tener la oportunidad de explicar las implicancias de su aprobación en las finanzas públicas.
Llamosas, acompañado del viceministro de Economía, Iván Haas, se reunió con el presidente del Congreso luego de conocerse que la Comisión de Hacienda, presidido por el senador Juan Darío Monges (ANR-cartista), aprobara el proyecto de ley de actualización de haberes con modificaciones.
Haas dijo luego de la reunión que el nuevo proyecto incorpora elementos que, antes que mejorar la situación de la Caja Fiscal, los empeora e impactará en el Tesoro, teniendo en cuenta que establece un aporte del Estado para el sector jubilado de 9,5%, que tendrá un costo adicional de alrededor de US$ 220 millones, que están disponibles.
Además, otra de las modificaciones restringe al 50% el uso de los excedentes para cubrir el déficit del sector civil, que en este caso es el sector docente, cuando que actualmente la ley permite usar el superávit acumulado para financiar esa brecha.
Tesoro deberá aportar US$ 200 millones
El ministro de Hacienda dijo a ABC posteriormente que a los US$ 220 millones que demandará el cambio de la regla en la Caja Fiscal, se deberán sumar los US$ 140 millones que demanda el déficit del sector de militares y policías y US$ 40 millones que se deberán cubrir al limitarse el uso de excedentes en un 50%.
“Suma por lo menos US$ 400 millones que el Tesoro deberá aportar a la Caja Fiscal para la jubilación, recursos que no dispone hoy ni el proyecto de ley establece de dónde saldrá”, alertó el ministro.
Llamosas indicó que si esto llega a aprobarse en el Congreso, se recomendará su veto, pero si el Parlamento rechaza la objeción, el Tesoro no tendrá muchas alternativas para financiar, ya que de entrada necesitará US$ 200 millones para cubrir el aporte de 9,5%.
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Ante esta situación indicó que para reducir el costo hay dos medidas puntuales: prorratear la jubilación de los docentes (pagar la jubilación de acuerdo con el monto disponible) y dejar de pagar la gratificación o el aguinaldo a los jubilados, éste último demanda unos US$ 40 millones por año.
El ministro explicó que el proyecto original que entró a consideración de la Comisión de Hacienda del Senado contemplaba el uso de las reservas de la Caja Fiscal para financiar la actualización de haberes, por lo que desde Hacienda se advirtió que estos fondos se acabarían en tres o cuatro años y que luego recaería sobre el Tesoro la cobertura de la brecha, que no será posible, porque no existen los recursos.
Sin embargo, reiteró que con las modificaciones introducida por la referida comisión se empeora el panorama financiero de la Caja Fiscal en el corto plazo.