El proyecto de ley de préstamos presentado a fines de mayo por el Ejecutivo con carácter de urgencia, modifica el artículo 87 de la Ley Nº 6873/2022 de Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente.
Con la modificación se pretende dejar de colocar el remanente disponible de bonos del Tesoro por US$ 140 millones y, a cambio, contratar un préstamo de US$ 90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 50 millones de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, para financiar el presupuesto.
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El Ejecutivo sostiene que con esta operación se pretende conseguir tasas de interés más bajas con los organismos financieros internacionales, atendiendo que en el mercado bursátil los inversionistas (bancos y financieras) ofertan tasas más elevadas que las referenciales establecidas por Hacienda para los bonos.
El senador Juan Darío Monges (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, propuso levantar el carácter de urgencia y postergar por 8 días el estudio con el argumento de que se necesita mayor información con respecto al destino que se dará a los fondos dentro del presupuesto, ya que estos créditos son de libre disponibilidad.
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Los senadores, luego de una breve discusión sobre el tema y a pesar de que ya contaba con dictamen favorable de la misma Comisión de Hacienda y de la Comisión de Cuentas y Control, decidieron por mayoría aprobar la moción de Monges.
Actualización de haberes jubilatorios
El Senado también decidió por mayoría tratar en 15 días el proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”.
Este proyecto de ley había quedado postergado porque se requería de mayor información sobre el impacto que tendría en la Caja Fiscal y en las finanzas públicas, así como también por la oposición del Ministerio de Hacienda.
El senador Martín Arévalo (ANR-cartista) realizó la moción para que sea estudiada del proyecto dentro de 15 días, una medida que tiene el apoyo de los gremios de jubilados y la fuerte oposición del Ministerio de Hacienda.
Hacienda había alertado respecto a que el referido proyecto de actualización no solo pone en riesgo el pago de haberes a los jubilados sino también la futura jubilación de los funcionarios que actualmente están aportando.
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Según los datos expuestos por la cartera la actualización de haberes como lo plantea el proyecto de ley tendrá un costo aproximado de US$ 200 millones y esto hará que las reservas de la Caja Fiscal se agoten en cuatro años y una vez que esto suceda, recaería sobre el fisco financiar esta brecha.
Los gremios de jubilados aseguran que existen los recursos necesarios para financiar la actualización sin que se ponga en riesgo su sostenibilidad de la caja, ya que el sector de funcionarios tiene superávit y dispone de unas reservas que ronda los US$ 801 millones.