Las ampliaciones presupuestarias son iniciativas de parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, principalmente para el pago de beneficios personales, tales como aumento salarial y contratación de funcionarios.
Los proyectos avanzan en medio de las campañas políticas, mirando primero las internas partidarias que se realizarán el 18 de diciembre y luego las elecciones generales previstas para el 30 de abril del próximo año.
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Los datos parciales obtenidos, tanto en Diputados como en Senadores, revelan que antes de finalizar el primer semestre del año los pedidos ya superan los G. 174.000 millones (US$ 25.3 millones al cambio vigente) y no se descarta, que siga creciendo en los siguientes meses.
En el listado aparecen, por ahora, ampliaciones para la Contraloría General de la República por G. 15.114 millones, para el pago de remuneraciones extraordinarias y adicionales, pasajes y viáticos, contratación de funcionarios de apoyo y otros; para el Ministerio Público se prevé G. 116.945 millones, para ajuste salarial y creaciones de cargos; el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por un monto de G. 14.977 millones, para el pago de sueldos y aguinaldos.
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También incluye a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por G. 7.000 millones, para adquisición de equipos de radioterapia; al Ministerio de Salud Pública (Ineran) G. 6.100 millones, para la mejora y el mantenimiento de edificios; al Congreso Nacional por G. 14.179 millones, para contratación de nuevos funcionarios para el Senado, aumento salarial y reposición de salarios recortados en pandemia; así como para la Caja Ferroviaria, por G. 281,1 millones.
Impactará en las finanzas públicas
La eventual aprobación de las ampliaciones presupuestarias impactarán en las finanzas públicas y esto hará que de nuevo se dispare el déficit fiscal por encima del tope previsto en la ley de presupuesto, del 3% del producto interno bruto (PIB), y no se pueda cumplir con el plan de convergencia.
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El plan de convergencia del Ejecutivo apunta a cerrar este año con un saldo rojo de 3%, el próximo año en 2,3% y en 2024 volver al tope de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, un compromiso asumido con los organismos financieros internacionales.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda ya habían señalado su preocupación por los aumentos que podrían generarse por ser un año electoral, debido a que no existen recursos adicionales para financiar mayores gastos, más aún si se trata de gastos rígidos como son las remuneraciones.