La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por María Galván del Puerto, anuló la resolución y el contrato con los cuales se pretendía “regularizar” tragamonedas en sitios prohibidos en todo el país.
En estos días se supo que la a reguladora de los juegos de azar emitió la Resolución Nº 24/2022 con la cual revocaba la anterior Resolución N°34/2020, que autorizó a la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, a censar y catastrar las máquinas tragamonedas que operaban en bodegas, farmacias, peluquerías, mercados, entre otros locales cuya actividad sea diferente del juegos de azar del país. Ese contrato con iCrop pretendía “legalizar” lo que la misma ley del sector prohíbe, que es el hecho de que las máquinas estén en lugares que no son exclusivos de juegos de azar.
Se trataba de una decisión del 2020 y criticada desde junio del 2021, es decir, hace un año. Incluso por legisladores que consideraron que se trata de la creación de una estructura de lavado de dinero y obtención ilícita de recursos, investigada por el Ministerio Público.
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Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y asesor legal del rubro, observó que la nueva disposición de la comisión se basa un dictamen de la Procuraduría General de la República, con relación a la nueva ley Nº 6903/2022 que prohíbe la instalación de las máquinas tragamonedas en lugares de acceso público.
Sin embargo, criticó, ninguna de las dos instituciones tuvo en cuenta las posturas de la Contraloría General de la República (CGR), Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y hasta la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) que planteaban que dicha resolución 34 violaba la ley vigente de juegos de azar, por lo tanto “viciada de nulidad”, recalcó.
Por su parte, Lorena Rojas, de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), observó el manoseo y la falta de seguridad jurídica en el país, en particular a la industria del entretenimiento.
“El plan de su supuesta legalización de tragamonedas fue anulado porque tuvo que sancionarse una ley para revocar un contrato concedido en forma errónea”, dijo. Recordó que las autoridades de Conajzar se encuentran procesadas por esa medida, es decir, para el Ministerio Público existe certeza de que con una resolución y un “pseudo-contrato” se violó la ley.
Criticó que Conajzar sentó un precedente de “emitir una resolución y que misma deje de regir porque se tuvo que promulgar otra ley ratificando lo ya existente”, aseveró.