El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, afirmó que “en el país rige el libre mercado” al ser preguntado sobre un nuevo al aumento de los precios de los combustibles, anunciado por emblemas privados. Las declaraciones las brindó ayer, en una entrevista con ABC.
El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez es criticado por la falta de acciones y de transparencia en la comercialización de estos productos, fon fuerte impacto en la infalción. Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, y Victorio Oxilia, extitular de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) coincidían en señalar que no se justifica un aumento de G. 1.000 del precio de los combustibles.
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El ministro de Industria y Comercio, se limitió a señalar que Petropar mantendrá sus precios, pero que llegado el momento los deberá ajustar, de acuerdo con sus costos. El emblema estatal, recordemos, tiene solo un 15% de participación en el mercado.
Como los emblemas privados tienen una posición privilegiada y dominante en el mercado, Oxilia reiteró que deben transparentarse los costos de las empresas privadas. “Si bien es un servicio privado, el aumento de los precios de los combustibles afecta a todo el país y ahora es más sensible en medio de esta inflación galopante”, manifestó.
Requerido sobre a los efectos de la medida y el pedido de Oxilia al Gobierno, Castiglioni recalcó “estamos en libre mercado”, y agregó que intervendría “si los precios son abusivos”.
Falta de sanciones
La Comisión Nacional de Competencia (Conacom), presidida por Rolando Díaz, en agosto pasado había anunciado un sumario a la Asociación Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Dicapac), representada por Miguel Bazán, por haber anunciado el aumento de sus precios. Nueve meses después, todavía no concluye o no quieren dar a conocer sus resultados. Hace unos días, a pesar de este antecedente, Díaz anunciaba la posibilidad de un segundo sumario.
La comisión consideró que el anuncio de la cámara de subir los precios de sus combustibles constituye una medida anticompetitiva, indicio de que los socios -que son competidoras entre sí-, acuerdan los precios de sus productos para el consumidor final.
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