31 de diciembre de 2025

En la misma rueda de prensa en la que hizo un balance sobre su gestión, el presidente Santiago Peña respondió sobre los cuestionamientos a varios miembros de su gabinete, incluido el titular de Petropar, Eddie Jara. Afirmó que nadie es “intocable”, pero que algunas críticas son solo por “choques de poder”. Sin embargo, prácticamente descartó que eso pase pronto.




Mientras Petropar adjudicó la construcción de oficinas en la planta de Mauricio José Troche, la finalización del tren de molienda de caña de la alcoholera permanece paralizada, sin definiciones sobre rescisión de contrato o una nueva licitación. Los cañicultores volvieron a emplazar al titular de la estatal para que concluya el considerado “elefante blanco”.

Mientras la Contraloría cuestiona el origen de los fondos de un préstamo de G. 2.800 millones que Eddie Jara otorgó a Edith Marilin Ayala de Macchi, dueña de una empresa proveedora a la que contrató durante el gobierno de Horacio Cartes, se confirma ahora que el esposo de Macchi opera un servicentro de Petropar en Caacupé. El contrato de operación fue firmado por el propio Jara en 2017.

El contralor Camilo Benítez confirmó que el informe preliminar indica que el presidente de Petropar, Eddie Jara, pagó durante dos años en promedio G. 150 millones al mes por su tarjeta de crédito, en efectivo. Destacó que no existe trazabilidad respecto a ese dinero mensual. Aclaró que todavía tiene la oportunidad de justificar sus ingresos y gastos, pero que los datos son “escandalosos” y debería dar un paso al costado.
La diputada Rocío Vallejo (PQ) sostuvo que Eddie Jara no debería seguir al frente de Petropar tras revelaciones de la Contraloría General de la República. Agregó que ahora él tiene un plazo para responder, pero que el presidente Santiago Peña debería tomar una decisión más crítica ante las sospechas, incluso de lavado de dinero.
El presidente de Petropar, Eddie Jara, está bajo la lupa de la Contraloría, que detectó inconsistencias millonarias en su declaración jurada de bienes y rentas. El ente de control reveló depósitos sin respaldo, transferencias desde la petrolera a su cuenta bancaria y una brecha patrimonial de más de G. 3.400 millones. Al respecto, el titular de la DNIT, Óscar Orué, aclaró este martes que, si estas fallas configuran enriquecimiento ilícito, no se cobrarán impuestos para evitar “blanquear” el dinero.