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La Ley 5.633, elaborada por el diputado liberal Dionisio Amarilla, indica que el derecho de examen de ingreso a las carreras, que ofrecen las universidades públicas, no podrá superar los 10 jornales diarios y, teniendo en cuenta el salario mínimo vigente, el costo máximo será de G. 701.000. En tanto, lo correspondiente a ingresos a los institutos superiores y los de formación profesional del tercer nivel, no podrá pasar los cinco jornales (G. 350.000).
Se establece asimismo que los aranceles en concepto de legalizaciones, visados y expedición de certificados de estudios no podrán exceder el límite máximo de medio jornal diario, es decir G. 35.000. De igual manera, la expedición de diplomas de todas las carreras de grado y posgrado deberá costar un jornal diario (G. 70.155).
El rector Abel Bernal informó que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Asunción se opone a esta ley promulgada por el Poder Ejecutivo. Expresó que la normativa tendrá un impacto negativo en la ejecución de programas de las carreras universitarias pues, según él, la mayor parte de estas no son financiadas por el Estado sino por los recursos generados y administrados por las propias instituciones públicas (fuente 30).
Al año, miles de millones del dinero público -es decir, de los impuestos que paga el pueblo- son destinados a la educación; sin embargo, no siempre se cumple lo presupuestado. Si bien es cierto que en la ley sancionada debería haberse aclarado cómo se suplirán los fondos que dejarán de percibir ahora las facultades, tampoco se puede ignorar que si no existiese tanta malversación de fondos y comida de plata, las universidades se podrían solventar fácilmente con el dinero que ya perciben actualmente del Estado.
Algunas investigaciones han revelado hechos de planillerismo y mucha corrupción dentro de la UNA, incluyendo el Hospital de Clínicas. Si todo ese dinero que se tira año tras año, hubiese sido destinado al fin que realmente le corresponde: cubrir los gastos de la educación de jóvenes de escasos recursos, el arancel podría llegar a cero sin ningún inconveniente.
Terminar el colegio y enseguida ingresar a una facultad es el sueño de muchos jóvenes, puesto que, como sabemos, ni las instituciones públicas son tan accesibles si no tenés buena solvencia económica. El nuevo precio del cursillo de ingreso seguirá estando fuera del alcance de las personas con recursos limitados que, en teoría, deberían ser quienes accedan a la educación gratuita.
A un joven de muy escasos recursos, que probablemente debe trabajar para mantener a una familia, le sigue siendo imposible pagar G. 700.000 para acceder a la universidad, sin contar con todos los demás gastos que se afrontan durante los años de estudio.
Se bajaron los aranceles, pero aún así, asistir a la universidad seguirá siendo privilegio de pocos, hasta que las autoridades organicen sus prioridades como gobernantes. No deberíamos conformarnos con un tope a los aranceles solo porque “algo es algo”. La educación tendría que ser totalmente gratuita y no tener un descuento nada más.
Por Ana Jazmín Lezcano (20 años)