Cargando...
La defensa del senador Javier Zacarías Irún presentó un incidente de nulidad de la imputación. Se trata de la misma chicana planteada por otros coimputados por el supuesto esquema de desvío de dinero público en los contratos para publicidad en la Municipalidad de Ciudad del Este.
Por otro lado, la jueza Teresita Cazal se inhibió de la causa al alegar motivos de excusación con el abogado defensor Rubén Fernández. Este mediodía se sorteará a un nuevo juez de Ciudad del Este para atender el caso y que deberá pedir al Senado el desafuero de Zacarías.
El senador cartista fue sindicado por los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández de supuestamente instigar a los exintendentes Alberto Rodríguez y Sandra McLeod para adjudicar millonarias licitaciones a la empresa Frontera Producciones, de Carlos Bordón Bottino.
Además, también se lo acusa de instigar al ex jefe de prensa Juan Sanabria, el ex jefe de Finanzas David Espínola y la funcionaria Dora Rojas Espínola, para usar el presupuesto municipal de publicidad para campaña política del clan Zacarías y de otros candidatos cartistas en las últimas elecciones internas de 2017 y comicios municipales de 2015.
Lea más: El esquema para “robar” de Javier Zacarías Irún
Cabe destacar que la Fiscalía solicitó al juzgado la prisión preventiva del senador Zacarías, ya que el legislador colorado trataba de obstruir la investigación, según se evidenció en conversaciones telefónicas.
En 2014 y 2015, la Junta Municipal aprobó presupuestos por un total de G. 5.667.701.000 para “publicidad y propaganda”, siendo adjudicada en ambos años la empresa Frontera Producciones, a nombre de Carlos María Bordón Bottino. Esta entidad respondía directamente a Zacarías Irún y a Juan Domingo Sanabria Notario, el que organizaba los pagos a empresas y periodistas.
Este último confesó varios detalles sobre este esquema y cómo ocultaba o destruía documentos a pedido del parlamentario. Incluso ayer ABC Color difundió dos audios en los cuales se constata que Zacarías Irún fue alertado un día antes de la realización de varios allanamientos en sus empresas, la Municipalidad y la Gobernación de Alto Paraná.