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El 1 de agosto de 2004, un día soleado y hasta caluroso para ser invierno, eran las 11:20, y el supermercado Ycuá Bolaños, ubicado sobre la avenida Artigas y Santísima Trinidad, estaba abarrotado de personas.
El supermercado y el patio de comidas estaban llenos de gente, cuando la desgracia se desató. Un incendio de grandes proporciones tomó las instalaciones del lugar y el fuego, en cuestión de minutos, acabó con la vida de casi todos los que estaban en el recinto.
Dos juicios, condenas y absoluciones marcaron, a lo largo de varios años de batalla judicial, lo que sería el vía crucis de las familias afectadas por este devastador incendio.
En 2006 se conformó el Tribunal que iba a juzgar a los responsables del mortal incendio. El escenario para este juicio fue el local del Comando Logístico de la las Fuerzas Armadas.
Los procesados Juan Pío Paiva, dueño del supermercado; su hijo, Víctor Daniel Paiva, y el guardia de seguridad acusado de haber cerrado las puertas del local, Daniel Areco, eran los principales acusados.
Luego de varios días de vigilia y presiones ciudadanas, el juicio llegó a su etapa final, pero cuando los jueces estaban leyendo la sentencia que iba a ser favorable a los Paiva, los presentes comenzaron a incidentar. Arrojaron sillas, mesas y cuanto objeto había en el improvisado salón utilizado como sala de juicios orales. Los magistrados huyeron despavoridos y el juicio se truncó.
Se tardó casi un año para que se vuelva a conformar un nuevo Tribunal de Sentencia y, en una decisión sui generis, se volvió a juzgar el caso por segunda vez.
Ya en este nuevo episodio se tomaron las medidas de seguridad del caso y se llegó a dictar la sentencia.
Juan Pío Paiva fue condenado a 12 años de cárcel; Víctor Daniel Paiva, a 10 años, y Daniel Areco, a 5 años, por los delitos de homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa acabada.
Por exposición a personas a lugares de trabajo peligrosos fueron enjuiciados los directivos del supermercado: Humberto Casaccia, Agustín Alfonzo, María Victoria Cáceres de Paiva y Antolina Burgos.
Siendo sentenciado a 2 años y 6 meses Humberto Casaccia, por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, terminando con la absolución de los demás acusados.
En un segundo juicio, también fueron juzgados los funcionarios de la Municipalidad de Asunción por falta de fiscalización de la obra y fueron condenados a 1 año y 6 meses Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Insaurralde y Rodrigo Castillo Fraccia por producción de riesgos comunes.
Un tercer juicio fue promovido en contra del constructor Bernardo Ismachowiez, por supuestas fallas en la construcción. El mismo fue sentenciado a 2 años por actividades peligrosas en la construcción.
Víctor Daniel Paiva y Daniel Areco ya están en libertad, el primero tras cumplir su condena y el segundo por compurgamiento de la pena mínima. El único que sigue encerrado es Juan Pío Paiva.
Mientras la batalla judicial se libraba en el fuero penal, otras se debatían en lo civil y laboral, para tratar de indemnizar a las víctimas y familiares de los fallecidos.
La primera sentencia a favor de los recurrentes se dio el 4 de junio de 2009, por el juez Hugo Morán. La misma condenó a la firma Ycuá Bolaños y a la aseguradora Mapfre a pagar G. 600 millones al matrimonio Emigdio Wendell-Nilda Ortellado, por indemnización de daños y perjuicios por la muerte de su hija menor y de la madre de la mujer.
El juez Miguel Ángel Rodas condenó en abril de 2011 al empresario Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel Paiva y la sociedad Ycuá Bolaños a pagar más de G. 400 millones por indemnización al matrimonio Pedro Ramón Ramírez Carballo-Susana Acuña de Ramírez, cuya hija era cajera en el supermercado y murió.
Sin embargo, las víctimas del incendio Silvia Agüero, Carmen Ayala, Andrea Espínola, Francisco Espínola, Francisco Núñez, Francisco Núñez Ferreira, Eduardo Fidel Núñez, Fernando Manuel Núñez, Ángela Pujol, Carmen Ramírez, Judicht Gabaglio y Víctor Fretes corrieron una suerte muy distinta a la de aquellos que pudieron ganar las demandas.
Estas personas nunca más podrán ser indemnizadas, luego de que la Sala Constitucional de la Corte integrada por los doctores Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro resolviera rechazar “in limine” la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra fallos que habían confirmado la caducidad de una demanda de indemnización de daños y perjuicios.
Con esta medida adoptada por la Corte, estas personas ya no podrán seguir batallando en los estrados judiciales para cobrar los G. 3.605 millones como indemnización.
Por indemnización de daños y perjuicios, se promovieron 223 juicios contra la sociedad Ycuá Bolaños, en nombre de 603 actores (entre víctimas y familiares de víctimas), de los cuales ya terminaron 103 juicios, que corresponden a unas 350 personas demandantes, aproximadamente.
Unos 50 juicios ya culminaron con sentencia firme y los abogados de Juan Pío Paiva, expresidente del directorio de la sociedad Ycuá Bolaños, reclaman sus honorarios profesionales.