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Más de 3.000 correos electrónicos han llegado a la dirección datos@abc.com.py desde el pasado 21 de octubre y se procesaron más de 200 denuncias de supuestos hechos de ilegalidades.
Resaltan los casos de los clanes de políticos, especialmente de los parlamentarios, como así también los operadores políticos, los protegidos, los planilleros y quienes siguen mamando campantemente del Estado.
Aparecieron personajes simbólicos como “la niñera de oro” del senador Víctor Bogado. Gabriela Quintana percibía un salario en Diputados y otro en la Itaipú Binacional. También está “la cocinera de oro” de la senadora Zulma Gómez, a quien la legisladora destacó como una “gran dirigente”.
También está Perla Leticia Paredes Acosta, hija de la diputada Perla Acosta de Vázquez, quien como por arte de magia urdió un plan magnífico para tener cinco salarios y estar presente solo en el Senado, donde oficia de médica y asesora, comisionada y pagada por el Poder Judicial, con otro sueldo de IPS, otro del MSP (ya se le echó del hospital distrital de Lambaré) y también de Itaipú Binacional. Ella llegó a cobrar más de G. 30 millones por mes.
Pero… ¿solo ellos pagarán el pato? Los lectores y la ciudadanía en general se plantean qué se hará con los casos denunciados. ¿Basta con desenmascarar los nexos? ¿Serán Bogado, Quintana y Paredes Acosta los daños colaterales de la divulgación de la información?
La titular de la Coordinadora de Abogados, Kattya González, dijo a ABC Color que cree que las investigaciones no avanzarán demasiado, a pesar de que cuatro agentes fiscales fueron designados para las investigaciones.
“(La designación) es para silenciar y dar un contrapeso a los reclamos ciudadanos”, dijo González, quien días pasados presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los senadores y diputados, junto al político Maxi Urbieta.
En esa ocasión los recibió el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
En palabras de González, “los fueros no significan impunidad” para nombrar a parientes o cometer tráfico de influencias.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), con Humberto Peralta a la cabeza, explica que los funcionarios públicos pueden ejercer un cargo administrativo y, sin pedir permiso, la docencia. Se toma como excepción el trabajo de los médicos, que cumpliendo funciones extraordinarias, pueden tener hasta tres rubros en un centro médico y otro en un cuarto sitio, siempre y cuando los turnos no se superpongan. Es aquí donde se pierde en control, al no tener (o no querer) el Estado controlar planillas de asistencias.
En algunos casos se pide permiso en la SFP para poder ejercer más de dos cargos. Peralta dijo en entrevistas pasadas que cada caso debe estudiarse de manera especial.
En un Estado serio, los políticos que tengan una ‘parentela’ o cuando se demuestre a todas luces que obró de manera no ética al nombrar a cercanos en cargos públicos deben renunciar. Es lo mínimo que se esperaría de una persona que se encarga –nada más y nada menos– de hacer las leyes de este país.
El buscador de ABC Color, como así también las publicaciones en los distintos sitios web de los entes públicos, lograron mostrar algunas de estas caras que en forma grotesca manipulan las maneras y rompen las cadenas para conseguir cargos que a la larga se convierten en botines a cargo de votos.