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En el primer punto del orden del día, los legisladores trataron el proyecto de Ley que amplía el presupuesto de diversas instituciones del Poder Ejecutivo.
Desde la Comisión de Presupuesto expusieron que, según datos brindados por autoridades de Gobierno, los fondos irían a parar en inversiones de infraestructura y productivas ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Senavitat, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Instituto Nacional del Cemento (INC) y Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
El MOPC recibirá US$ 350 millones, de los cuales el 84% será utilizado para cubrir obras que actualmente están en ejecución; en tanto que el 16% lo destinará a contrapartidas de préstamos externos y a nuevos proyectos de inversión.
Dentro de este paquete del MOPC, sin embargo, cerca de US$ 20 millones serán para consultorías de nuevos proyectos, así como para pasajes y viáticos.
El Gobierno planea para mediados de julio la segunda colocación de bonos soberanos, por US$ 750 millones y que para eso necesita que el Parlamento apruebe lo antes posible una ampliación por US$ 670 millones. A esta ampliación le sumarán US$ 80 millones, que ya están autorizados por la ley de presupuesto.
Varios parlamentarios de la oposición, especialmente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijeron que acompañarán la propuesta del Ejecutivo, sin embargo recalcaron que el pedido representa el endeudamiento del Estado.
El diputado liberal Antonio Buzarquis dijo que la solución a la lucha contra la pobreza no es pedir dinero en el exterior mediante bonos, sino mejorar la estructura fiscal y tributaria del país.
Opinó que el proyecto de ley a la exportación de granos en estado natural, que fue rechazado, hubiese dejado unos US$ 300 millones al año. “Las futuras generaciones serán esclavas de esta deuda”, subrayó.
Por su parte, Karina Rodríguez (Avanza País), dijo que el Gobierno “no tiene vergüenza para pedir plata en el exterior”, pero sí para tributar a sectores beneficiados en el país, haciendo referencia a los agroexportadores.
Adelantó que su bancada se abstendrá de votar por la ampliación presupuestaria.
Otro de los parlamentarios, como Amado Florentín (PLRA), resaltó que en Diputados se aprobó hasta ahora unos US$ 1.800 millones a disposición del Gobierno, y que importante parte de ese monto se destinó al pago de deudas.
“Estamos contratando deudas para pagar deudas. Es una ‘calesiteada’ (dar vueltas y vueltas) en términos vulgares”, subrayó.
La ampliación, con media sanción en Diputados, pasa ahora a la Cámara de Senadores.