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Felino Amarilla denunció al juez penal de garantías Rubén Ayala Brun ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Fiscalía General por supuestas actuaciones irregulares en la causa donde se investiga una millonaria estafa a la ganadera Marys Llorens.
El escrito menciona que la causa inició el día 3 de setiembre de 2015 con la imputación del Fiscal Miguel Vera contra de Anie Victoria Gibbons Fabiola Bareiro Gibbons y Carmen Pino González por estafa y producción de documentos no auténticos. El monto del perjuicio en ese momento estaba calculado en aproximadamente de guaraníes G. 15.000 millones.
El juez que había salido sorteado es el ahora denunciado Rubén Ayal Brun. Posteriormente fueron imputadas Carmen De Lourdes López Sosa, Silvia, Diego y Horacio Giménez, hijos de Anie Victoria Gibbons de Giménez, por obstrucción a la restitución de bienes, reducción y lavado de dinero.
También fueron imputados el actual intendente de Lambaré Armando Gómez, esposo de Fabiola Bareiro, y Arnaldo Paredes, pareja de Carmen De Lourdes Sosa López por obstrucción a la restitución de bienes, reducción y lavado de dinero. Según el escrito de denuncia en fecha 9 de setiembre pasado, el juez Rubén Ayala admitió la imputación y fijó la audiencia de imposición de medidas para el día 17 de setiembre de 2015 a las 10:30, 10:45 y 11:00 de la mañana.
“Sin embargo, el día 16 de setiembre de 2015 a las 12:00, Anie Victora Gibbons y Fabiola Bareiro solicitaron la eximición de medidas cautelares por escrito y la audiencia de imposición de medidas se realizó ese mismo día sin presencia del Ministerio Público ni de la querella, otorgándose a las procesadas el arresto domiciliario y otras medidas alternativas a la prisión”, indica la denuncia.
Otro hecho llamativo para los denunciantes es que el 18 de noviembre de 2015, la querella solicitó la revisión de medidas cautelares respecto de Anie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro de Giménez, como consecuencia de la ampliación de la imputación fiscal de fecha 17 de noviembre de 2015 (lo cual implicó un sustancial aumento del perjuicio patrimonial) y por supuestamente haber alterado artificialmente a su favor las tasaciones de los inmuebles inicialmente ofrecidos como fianza real.
Sin embargo, el magistrado supuestamente no estudió lo solicitado por los querellantes, por la cual decidieron recusarlo el día 19 de noviembre de 2015, indicando expresamente que el Juez interviniente tiene vínculo amistoso con el procesado Armando Gómez, en razón de simpatizar con el Partido Liberal Radical Auténtico, ser vecinos desde la infancia, ser vecinos en la misma ciudad y la amistad mutua del diputado Jorge Avalos Mariño, con quien se pondrían de acuerdo para la realización de estos actos procesales.
“Es importante indicar que la querella estuvo revisando continuamente el expediente durante esos dos días (18 y 19 de noviembre de 2015) para poder conocer la fecha de la audiencia para revisión de medidas cautelares. Sin embargo, posterior a la presentación de la recusación, mi parte pudo comprobar que –supuestamente- el día 18 de noviembre de 2015 a las 10:20 horas a las se realizó una presentación de “permiso para trabajar” por parte de la defensa de las dos imputadas indicadas precedentemente nombradas y que el pedido fue resuelto favorablemente ese mismo día providencia mediante”, acota el documento.
Por ello para los representantes de la empresa Viradolce existen serias sospechas de que los datos del cargo del pedido de permiso para trabajar y la fecha de la providencia cuestionada en este recurso habrían sido ante datados y agregados al expediente con el evidente efecto de hacer creer que la presentación fue realizada y resuelta mientras que la intervención del juez ahora denunciado estaba vigente.
Otro punto que cuestionan es que el magistrado tenía la obligación de apartarse de la causa debido al vínculo de amistad que supuestamente tiene con el imputado Armando Gómez, “lazos lo suficientemente fuertes como para torcer el proceso a favor de los mismos. Pero Rubén Ayala Brun no sólo no se apartó del caso sino que junto con el Diputado Avalos Mariño colaboró para crear una serie de obstáculos jurídicos que permitieron que los procesados puedan disponer de bienes que podrían haberse destinado a la reparación del daño y a impedir que se impongan las medidas cautelares correspondientes en tiempo y forma”, indica la denuncia.