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Poco después de las 8:00, agentes policiales iniciaron el desalojo de 750 familias que ocupaban irregularmente un enorme predio en Salado, Limpio. En principio, un grupo se resistió a salir, por lo que se desató un enfrentamiento entre los uniformados y los ocupantes.
Aproximadamente 2.000 uniformados intervinieron y, con carros hidrantes, lograron controlar a los ocupantes que atacaban a pedradas. Luego de ese incidente, el desalojo se tornó mucho más tranquilo y las personas empezaron a juntar sus pertenencias. Muchas de ellas solo se trasladaron hasta otro punto del predio, sin saber a dónde ir.
Los “sintechos” relataron que la presidenta de la Comisión, llamada Jenni Bogado, cobró entre G. 100.000 y G. 5.000.000 para “vender” cada terreno. Además, las 750 familias pagaban G. 10.000 de manera semanal durante nueve meses, tiempo en el cual duró la ocupación. Esta mujer conversó ayer con la Fiscalía, cuando llevó la notificación de desalojo, pero hoy estuvo ausente en su precaria vivienda.
Algunas de las personas que accedieron a hablar para ABC TV relataron que ocuparon el predio hace nueve meses, o menos, y solo pagaban el servicio de agua potable. Admitieron además que contaban con conexiones clandestinas, por lo cual accedían al suministro de energía eléctrica de manera gratuita.
La calidad de las viviendas instaladas es muy variada, pues ya había casas de material bien construidas, pero también varias otras muy precarias.
Funcionarios del Ministerio Público informaron que el predio de 40 hectáreas pertenece a la Sociedad Morombi, del Grupo Riquelme, que también tiene a su nombre los predios de Campos Morombi o Marina Cue, donde años atrás se registró la conocida "Masacre de Curuguaty". Por ese motivo, las familias ponen en duda la legitimidad de los documentos de la propiedad, reportó la periodista Susana Acuña.
“Este problema viene de años, ya se conversó con estas personas como 10 veces, pero ellos dicen no tener interés que la justicia resuelva este problema, acá hay un mandato judicial que no se respeta, pero se debe cumplir, tiene que existir el Estado de Derecho y finalmente se cumplió la orden. Aclaro que no hay violencia, pero sí resistencia por parte de los ocupantes”, sostuvo por su parte el Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
Adelantó además que seguirán todas las instrucciones judiciales con respecto a este y otros casos de invasión, por lo que insta a la ciudadanía a no resistirse.
“Todas las órdenes judiciales serán cumplidas, por eso solicitamos a la ciudadanía que no ponga resistencia y hagamos el proceso de la manera más pacífica posible, caso contrario no quedará de otra que la Policía actúe”, advirtió.