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Así lo afirmaron ayer lunes dos guardias de seguridad (foto) apostados en el sitio para prohibir la circulación.
A través de la referida arteria asfaltada, ubicada al costado de un conocido sanatorio privado, se facilita enormemente el acceso al centro de nuestra capital, en contados minutos, pasando además por unas dos cuadras enripiadas que conducen directamente a la misma Costanera de Asunción.
Sin embargo, y a partir de ahora, esto ya no es posible, y nos recuerda lo que acontecía normalmente durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), cuando las calles se convertían en privadas, o era la Policía Nacional dueña de las mismas.
Llama también la atención el poco interés de la Municipalidad de Asunción en defender los intereses de los ciudadanos, ya que más bien actúan como abogados de las empresas, antes que de la gente a quienes se deben, según pudimos comprobar en las consultas realizadas.
Preguntamos sobre el tema al coordinador de la Unidad Ejecutora de la Franja Costera, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Pedro Cardozo, quien aclaró de entrada que nadie tiene atribución para cerrar ninguna calle y la circulación de los ciudadanos se encuentra garantizada por la propia Constitución Nacional. Añadió, también, que este tema es municipal y que incluso dejó entrever que existiría un problema judicial por el tema de las calles. No obstante, acotó, que es la comuna capitalina la que debe responder ante la ciudadanía.
Llamamos a la Municipalidad de Asunción y nos derivaron con el director de castastro, Ing. Anatoli Pugín, quien hasta incluso justificó el cierre de la calle refiriendo que se trata de una “propiedad privada”. Le insistimos que la calle no puede ser privada jamás y que la institución que representa debería defender los intereses públicos antes que los particulares, a lo que respondió que el “complejo barrail” posee la concesión de esa área desde hace mucho tiempo.
En otro momento, Pugín siguió justificando el cierre de la calle Concepción Leyes de Chávez (a aproximadamente 150 metros de la avenida Artigas) indicando que “los dueños solo de buena onda” solían permitir el tránsito por el sitio, pero que ahora decidieron cerrarla, supuestamente para arreglarla.
La comuna capitalina, a cargo del colorado Arnaldo Samaniego, debería defender los intereses públicos de los asunceños, investigando hasta qué punto la referida concesión realizada por administraciones anteriores perjudican los intereses públicos. Si en este caso, la calle es realmente privada, debería buscar los mecanismos para su restitución en favor de la ciudadania en busca de oxigenar el caótico tránsito que tenemos.