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El próximo 7 de setiembre debe entrar en vigencia la ley de implementación de dispositivos electrónicos de control, sancionada en setiembre del 2017. Este contempla el uso de Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec), ya sean pulseras o tobilleras, para personas con problemas con la justicia en varios ámbitos, pero en especial pensado para aquellos con arresto domiciliario y orden de restricción o alejamiento en casos de violencia doméstica.
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Pese al corto tiempo que queda, hasta ahora no se ha reunido la mesa interinstitucional –estipulada en la ley– que debe reglamentar la aplicación de la ley, tampoco fue presupuestado y por supuesto, no se han realizado pruebas piloto.
“Lo fundamental es que se previsione presupuestariamente por lo menos para el plan piloto”, dijo a ABC Color el diputado colorado Eber Ovelar, proyectista de esta ley. Acotó que la Corte puede llevar adelante un plan piloto antes que entre en vigencia la legislación.
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Sin embargo, para que esto suceda, la Corte debe pedir una ampliación presupuestaria, que asegura “no se le va a poder negar”, ya que es la institución que debe dar inicio a la aplicación de esta ley.
Sostiene que el uso de estos dispositivos se traduce en el cumplimiento de capítulos importantes en materia de derechos humanos, como el de contribuir a reducir el hacinamiento en las prisiones, ya que el control electrónico permitirá a la justicia dejar de abusar con la prisión preventiva.
El legislador cree que es necesario que la Corte debe tomar de una vez “el liderazgo de este proceso y ponerlo en marcha” con la convocatoria a la mesa interinstitucional con los entes que deben controlar su aplicación, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de JUsticia y la Policía, entre otros.
Espera que se pueda dar este paso con el equipo de transición del gobierno de Mario Abdo Benítez, para poder, por lo menos, empezar a pensar en el plan piloto que permita detectar los problemas que puedan registrarse antes de su aplicación real.
En la víspera, la Cámara de Senadores rechazó y devolvió a Diputados el proyecto de ley que pretendía implementar un sistema electrónico de vigilancia para los imputados por violencia doméstica, lo que ya está contemplado en la Ley 5863.