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Un total de 55 internos lograron fugarse del correccional en tres ocasiones en lo que va del año. La primera fuga se produjo en el mes de marzo, cuando diez internos lograron huir después de atropellar uno de los portones del citado correccional de menores y herir a un guardia. Tras ser alertados, efectivos policiales de distintas comisarías del departamento Central efectuaron un rastrillaje por los alrededores y lograron recapturar a nueve de los evadidos.
Porteriomente en el mes de agosto, 42 adolescentes lograron fugarse, sin embargo 20 fueron capturados antes que llegasen a la calle. Los otros 22 escaparon, pero en algunos casos fueron recapturados y en otros, devueltos al sitio de reclusión por sus padres.
El último episodio se dio ayer en horas de la tarde cuando tres jóvenes tomaron por sorpresa a uno de los guardias y luego ganaron la calle. Uno de los fugados fue recapturado inmediatamente, mientras que otro fue capturado esta mañana.
El Centro Educativo de Itauguá tiene actualmente una población penal de 187 internos. En su momento el director de la Primera Zona Policial, comisario principal Carlos Ozuna, había cuestionado el vulnerable sistema de seguridad del Centro Educativo de Itauguá, donde ya se produjeron numerosos escapes en los últimos meses. Mencionó que se deberían buscar alternativas más rígidas.
Por otro lado, el director del correcional, Orlando Castillo, había indicado que de los 357 adolescentes internos en los 8 centros educativos de menores en Paraguay, sólo 30 han sido condenados en relación con infracciones penales. El resto permanecen en prisión preventiva a la espera de que se resuelva su proceso. En Paraguay, cerca del 70 por ciento de la población de las penitenciarías no tiene una condena debido a la dilación de los procesos judiciales, según el Ministerio de Justicia.
En relación con los centros de menores, Paraguay cuenta con una sentencia en su contra dictada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en el anterior reformatorio (conocido como Panchito López) entre 1996 y 2001.