A una semana del cruel asesinato de Medina

Hace siete días, sicarios silenciaron al periodista Pablo Medina, corresponsal de ABC Color en Curuguaty, en un cobarde intento de coartar la libertad de expresión e impedir que se sigan denunciando las injusticias y crímenes en esta zona del país.

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Como cada mañana, Pablo Medina se aprestaba en su base situada en el distrito de Curuguaty. Ese 16 de octubre tenía previsto realizar un recorrido por Villa Ygatimí y otros distritos, a fin de constatar una denuncia de integrantes de la Federación Nacional Campesina sobre fumigaciones y plagas que afectaban a plantaciones de mandioca. Su retorno estaba programado para la tarde de ese mismo día.

A pesar de que temía por su integridad, su vocación periodística nunca se amilanó; al contrario, fue un fiel descriptor de la realidad del departamento de Canindeyú, pujante zona pero atrapada en una maraña de crimen organizado dedicado especialmente al narcotráfico y rollotráfico, así como la corrupción imperante en las instituciones públicas locales.

Ese temor hizo que Pablo lleve como acompañante a la joven Antonia Maribel Almada, quien además de servir de compañía para el largo recorrido, era la responsable de hidratar a nuestro compañero con el fiel tereré. El camino de ida transcurrió sin inconvenientes y solo quedaba volver a la redacción para contar los detalles sobre la cobertura. A su retorno por un camino de tierra detuvo su camioneta en varias ocasiones para saludar a los policías apostados en los precarios puestos de trabajo, y hasta llegó a pedir una gallina casera para llevar como alimento a su hogar.

Más adelante, en Colonia Marchetti, aparecieron dos personas, quienes lo obligaron a detener la marcha de su camioneta Mitsubishi L 200, pero con una cruel intención, la de acallar la voz que denunció a las mafias locales durante 16 años, los sicarios preguntaron si se trataba de Medina y al responderles que sí, no sin antes pedir clemencia, los asesinos dispararon sin contemplación contra el vehículo. Medina falleció casi de forma inmediata y la joven estudiante de informática horas después.

De esta manera, la familia Medina sufría un nuevo golpe: dos hermanos del trabajador de prensa fueron asesinados en 2001 y 2002: Salvador y Digno Salomón, el primero también periodista que, a través de su radio comunitaria, desnudó el esquema de depredación de bosques naturales para el tráfico de madera.

La consternación por el salvaje crimen llegó a todos los rincones del país y se hizo unánime el pedido de justicia y, por sobre todo, reacción de los investigadores para dar con los responsables. Pronto trascendieron los nombres de los sospechosos y el posible trasfondo; sin embargo, los operativos para dar con los autores intelectuales y morales hasta el momento han sido infructuosos.

La muerte del periodista Pablo Medina fue arreglada en un “encuentro de confraternidad” de los narcotraficantes más influyentes de la zona baja del departamento de Canindeyú, quienes se sentían “perseguidos” por nuestro compañero. El principal sospechoso de ordenar el homicidio es el actual intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, en tanto que el ejecutor sería su hermano Wilson, ambos actualmente prófugos de la justicia.

En principio, el jefe comunal tenía previsto entregarse y hasta contactó con la diputada Cristina Villalba para acordar los términos de su comparecencia; sin embargo, el hallazgo de semillas de marihuana durante en un allanamiento en la sede de la intendencia y la designación de la fiscala Sandra Quiñóñez lo hicieron desistir y desaparecer hasta de su propio abogado.

Se cree que influyentes políticos de esta zona estarían protegiendo al principal sospechoso del homicidio y que habrían facilitado su huida de la justicia. Los investigadores sospechan que hubo filtraciones de los procedimientos que posibilitaron que Acosta Marques aún no responda a las acusaciones que pesan en su contra.

En tanto que en varios puntos del país, diversos sectores de la sociedad civil vienen realizando numerosos actos exigiendo justicia para ambas personas y el respeto al derecho a la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Nacional.

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