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El informe, dado a conocer este viernes pero publicado a finales de julio, indica que las Naciones Unidas manejan al caso del homicidio de Rodrigo Quintana como una “presunta ejecución extrajudicial” y piden al Estado que encuentre a los responsables y haga una investigación imparcial. Este informe se elaboró tras una visita de representantes de ONU en Paraguay.
Lo irónico es que Paraguay forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta este año.
El informe reprocha el uso excesivo de la fuerza en el control de las manifestaciones. En una parte expresa: “El Comité expresa su preocupación ante informaciones que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional e incluso actos de tortura y malos tratos contra personas arrestadas, en el marco de los disturbios originados por las protestas ocurridas entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 en Asunción".
Al Comité le preocupa además la presunta ejecución extrajudicial del dirigente político Rodrigo Quintana durante el operativo policial, "si bien valora la información proporcionada por la delegación en relación a los procedimientos administrativos y judiciales en curso contra los presuntos autores de dichas violaciones".
Como sugerencia para el Estado paraguayo, la ONU pide investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas las denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura y maltratos por miembros de las fuerzas del orden, “incluidos durante las manifestaciones en Asunción el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, y asegurarse de que los autores sean enjuiciados y las víctimas reciban una reparación adecuada” e “intensificar sus esfuerzos por impartir capacitación sistemática a todos los agentes del orden sobre los principios de precaución, proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza, especialmente en el contexto de manifestaciones”.
Existen varias sospechas de que el ataque a la sede del PLRA, donde murió Quintana, fue ordenado por el círculo civil más cercano al presidente Horacio Cartes, específicamente el gerente de su tabacalera, José Ortiz. La investigación sigue en marcha y van a apareciendo más evidencias sobre las cuales las autoridades deben responder.