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En una extensa entrevista realizada en los estudios de Ñandutí, Raúl Silva dio detalles de cómo se produjo el negociado que involucró al Gobierno y al senador Jorge Oviedo Matto, en el marco de la compra de dos inmuebles, pertenecientes a la firma San Agustín SA.
Silva dijo que la firma San Agustín no está en quiebra por lo que no representa a la misma, sino que es el síndico de la quiebra de Carmelo Cabrera, accionista mayoritario de la firma en cuestión.
Relató que la deuda de Carmelo Cabrera orilla los US$ 10 millones de dólares y que, según dijo, tuvieron conocimiento de que el mismo era propietario del 100% de la firma San Agustín, que poseía bienes por US$ 100 millones.
Teniendo en cuenta la deuda, la quiebra de Cabrera inicia un juicio contra la firma San Agustín, para traer los bienes de la sociedad y, correspondientemente, abonar a los acreedores.
La demanda fue presentada y, dentro del plazo de 18 días, las hijas de Carmelo, Elvira y Juliana Cabrera Alonso, se allanan a la misma, en vista a que poseían el 47,5% de las acciones. Del total de 1.200, ellas contaban con 570.
Silva recordó que, pretendiendo traer los bienes para honrar las deudas de Carmelo Cabrera, solicitaron al juzgado la medida cautelar de no innovar, en el 2008. Teniendo en cuenta esta medida cautelar, no se podían transferir las 50 propiedades con las que contaba la firma, entre ellas, las vendidas al Indert.
Con esa medida, la quiebra ya podía abonar sus deudas. En vista a que las hijas tenían el 47,5% de las acciones, les correspondían US$ 47 millones de dólares, el abogado decide desistir parcialmente de la demanda.
Silva explicó que, en ese momento, fue fuertemente presionado por el senador Jorge Oviedo Matto.
“Las acciones de san Agustín nadie sabía dónde estaban… Hacen un juicio de privación de eficacia jurídica y un juzgado ordena la impresión de las acciones… Es como si vos tengas un fajo de billetes, los pierdas y se ordene la reimpresión”, dijo Silva.
Silva relató que comunicó sobre la existencia de la medida cautelar de no innovar al Banco Nacional de Fomento y al Banco Visión, el pasado lunes, luego de haberse conocido la noticia de la venta de las propiedades.
Explicó que el desistimiento de la demanda -a la que las hijas se allanaron- fue parcial, por lo que la medida cautelar se mantuvo y, de conocerse este dictamen, las propiedades no pudieron haberse transferido.
Añadió que, gracias a la reimpresión de las acciones, se están vendiendo los bienes de San Agustín, a espaldas de la masa de la quiebra y de la sindicatura de la misma.
En su relato, el propio Silva explicó cómo se cobró el dinero transferido por el Gobierno, a la firma San Agustín, por el pago de las propiedades. Dijo que el monto de G. 17.500 millones de guaraníes ya fueron retirados del banco, antes de que se haya ordenado el embargo de los bienes de la firma.
El pasado viernes 5 de abril, la empresa Yrendagué debía enviar el dinero a la residencia de Arnaldo Jara, administrador de San Agustín, pero el mismo prefirió ir hasta la sede de la empresa transportadora de caudales, para que no se sepa, según el abogado, dónde iban a guardar el monto.
Jara va hasta la sede y se topa con que el cheque estaba materializado en billetes de baja denominación. En total, había 87.500 fajos de billetes de G. 2.000 con G. 200.000 cada fajo.
Ante la imposibilidad de llevar tanto dinero que, prácticamente ocupaba toda una habitación, el dueño de la cuenta a ser transferida fue hasta el lugar al día siguiente, el sábado 6 de abril, con una comitiva de seis camionetas que se encargaron de llevar el dinero.
Dijo que la empresa San Agustín fue utilizada como pantalla ya que su personería jurídica no registra movimientos desde hace varios años, pero sí posee propiedades por US$ 100 millones.
“Es ilegal que se pague fuera del proceso de quiebras, solo se puede a través de una resolución del juzgado”, dijo Silva, añadiendo que el pago se realizó “violando todas las formas procesales”.
Por su gestión, Silva denunció haber recibido amenazas por parte del senador Jorge Oviedo Matto, hijo de uno de los accionistas de la firma, que poseía 250 acciones, es decir 17% del paquete.
Este martes, el senador Rogelio Benítez dijo que la firma habría efectivizado G. 17.500 millones de guaraníes del total de 46.900 millones que pagó el Indert por un inmueble en Cordillera, antes del embargo decretado este martes por la Justicia.
El gobierno de Federico Franco adquirió el pasado miércoles, a través del Indert, una propiedad de 5.700 hectáreas por un monto superior a los G. 46.000 millones, a razón de G. 10 millones la hectárea.
El pago se hace en momentos que el oviedismo y la Alianza están en plena negociación electoral.