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El juez Julián López pidió ayer a la Cámara Alta el desafuero del senador colorado Víctor Bogado, a fin de procesarlo por un caso de cobro indebido de honorarios y estafa en el caso Gabriela Quintana.
La mujer es supuestamente niñera del parlamentario; sin embargo, goza de dos salarios, según consta en documentos. Uno de ellos, en la Cámara de Diputados, y otro en la Binacional Itaipú, donde fue comisionada a pedido de Bogado.
Sin embargo, no es la primera vez que se solicita el desafuero del senador colorado. En 2010, cuando el mismo era diputado, sus colegas aprobaron despojarlo de sus fueros para que luego sea procesado por lesión de confianza.
En esa oportunidad se retomó la investigación por supuestos hechos de corrupción durante su titularidad en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La lista de pedidos de desafuero durante los últimos periodos legislativos sigue e involucra a parlamentarios y exparlamentarios del Partido Colorado, del PLRA, del Frente Guasu y de Patria Querida.
Carlos Filizzola, senador del País Solidario e integrante de la bancada del Frente Guasu, fue imputado por la compra irregular de cuatro helicópteros este año. Finalmente, la Fiscalía ya no insisitió con el pedido de desafuero, tras haberle sido negado el 13 de junio de esta año.
Otro caso fue el de Rogelio Benítez, actual titular de Copaco y exsenador por la ANR. El mismo fue denunciado por supuesta difamación a la dirigente liberal Pilar Callizo. El pedido de desafuero fue rechazado por la Cámara Alta en 2011.
En 2009 se discutió el desafuero por el caso del senador por Patria Querida Marcial González Safstrand, quien fue denunciado por un funcionario del Ministerio Público porque lo agredió física y verbalmente, episodio que fue inclusive grabado por medios de comunicación.
Así también, se solicitó el desafuero de Clemente Barrios (diputado de la ANR), la diputada liberal Ramona Mendoza, Víctor González Segovia (exdiputado de la ANR), el actual senador colorado Juan Darío Monges, Magdaleno Silva (exdiputado de la ANR) y José Chamorro (exdiputado de la ANR).
La Constitución Nacional, en su artículo Nº 191 expresa: “Ningún miembro del Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones...”.
“Cuando se formase causa contra un senador o diputado ante los tribunales ordinarios, el juez la comunicará con copia de los antecedentes... y resolverá si ha lugar o no al desafuero”.
Este es el escudo de los parlamentarios, por lo que sus propios colegas deben votar para que corran sus causas judiciales. De todos los pedidos solicitados en el último periodo legislativo, solamente prosperaron tres: el de Víctor Bogado (en 2010), Clemente Barrios y Víctor González Segovia.
Al ubicarse sobre la infografía se aprecian algunos puntos en color rojo, que indican los pedidos rechazados. En verde, los concedidos y en amarillo, (Víctor Bogado), el pendiente de respuesta.