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El Gobierno de Horacio Cartes designó, sin concurso alguno, al exministro de la Corte Víctor Núñez (ANR) como funcionario permanente de Yacyretá. Percibirá mensualmente G. 21 millones como salario básico, presentismo, dedicación, almuerzo y subsidio de energía eléctrica. La resolución firmaron los directores Juan Schmalko y Óscar Thomas.
Núñez se unirá a sus hijas Julia Victoria Núñez Albertin (31) quien fue nombrada como funcionaria administrativa en la EBY el 26 de junio de 2003 – cuando solo tenía 19 años - y percibe un salario de G. 22 millones.
Otra de sus hijas, Graciela Irene Núñez Albertini (38), trabaja en la asesoría jurídica desde el 1 de febrero de 2008, con un salario de G. 25.600.000. Antes, logró que su hija sea su relatora en la Corte con un millonario salario. También logró que su yerno José Vera Llano, que no es abogado, sea nombrado como su asistente en reemplazo de Graciela.
Entre varias otras cosas, a Núñez se le acusa de manipular la designación de un tribunal de sentencia “a medida” para favorecer al principal acusado, su sobrino Víctor Bogado Núñez, del posible robo de la Caja de Jubilados de la Binacional Itaipú (Cajubi). También, cuando era ministro de la Corte, firmó la resolución por la cual se rechazó una acción de inconstitucionalidad que promovió la fiscalía contra el exintendente de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta en un proceso por homicidio.
Núñez antes de conocerse ese fallo había declarado a la prensa que ni siquiera conocía a Acosta y que mucho menos había firmado fallo alguno a su favor. Las declaraciones las hizo luego del crimen del corresponsal de ABC Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada.
El periodista en varias publicaciones lo había acusado de abogar ante el juez y los camaristas para liberar a “Neneco”. Ante los fuertes cuestionamientos ofreció una conferencia de prensa, durante la cual acusó a varios políticos. Habló de una conspiración en su contra. Primero acusó al excontralor general liberal Octavio Airaldi, Blas Llano, Miguel Abdón Saguier y Luis Alberto Wagner.
En aquella ocasión, el 4 de noviembre de 2014, apuntó que la Corte era un infierno, pero que fue puesto allí por Dios y que seguirá en el cargo hasta que Dios lo saque. Sin embargo, poco después renunció ante la inminencia del juicio político. También estuvo investigado por presunto enriquecimiento ilegítimo, a raíz de que varios dúplex y otros inmuebles figuraban a su nombre. La compra de estos bienes no las podía justificar con el salario de la Corte.