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“Esto yo lo vi desde el principio con un carácter más político que jurídico”, dijo De Vargas al término de la audiencia con el juez Humberto Otazú, quien se allanó al pedido del Ministerio Público de sobreseer a ambos en la causa que investiga la supuesta lesión de confianza por unos US$ 2.500.000, tras la compra de aparatos de escuchas telefónicas que supuestamente no funcionan.
El Ministerio Público, que tiene un año más para investigar, argumentó que no existe la certeza suficiente para generar la acusación o pedir el sobreseimiento definitivo. El fiscal Martín Cabrera señaló como pendientes cuatro diligencias, entre estas la que pudo haber orientado mejor el caso desde el principio: la pericia técnica a los aparatos en cuestión.
“¿Cómo se puede determinar un perjuicio patrimonial si ni siquiera se sabe si los equipos funcionan?”, criticó el exministro.
Refirió que hay al menos cinco testigos, entre excomandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y de la Policía Nacional, que aseguran haber utilizado las máquinas sin problema alguno, con lo que cae la principal hipótesis que impulsó la causa de que las mismas no sirven.
El fiscal Cabrera presentó imputación contra De Vargas porque en 2012 adquirió para la Senad de la firma Televox SRL un “sistema de rastreo sensitivo móvil”, a un precio de G. 9.406.120.000.
En 2015 el entonces ministro de la Senad, Luis Rojas, hizo una nueva compra de “equipos tácticos de comunicación” por los que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente de Televox.