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El proyecto de Ley que amplía por 30 años más el periodo de concesión para la explotación de la Ruta VII a Tape Porã tiene sanción ficta este jueves 2 de junio. Es decir, si antes de esa fecha la Cámara de Senadores no define postura sobre la normativa, ésta quedará aprobada en el Congreso como confeccionó Diputados.
La problemática está en que en la sesión del pasado miércoles 25 en el Senado se resolvió sancionar la concesión a favor de Tape Porã, pese a un dictamen de la Asesoría Jurídica del cuerpo legislativo que decía que el proyecto violaba la Ley de Contrataciones Públicas y la Constitución Nacional. No solo eso, sino que varios senadores denunciaron que hubo un error en el conteo de los votos, que favoreció a la concesión.
Es por ello que mañana martes se hará una nueva sesión a las 09:00 en el Senado para poner a consideración de la plenaria una nueva revisión o no de los votos, ante las dudas de que hubo un empate de votos, y no una mayoría de 20/18 por la aprobación.
La senadora Desiré Masi manifestó que hay rumores de que aquellos legisladores que habían aprobado la concesión no acudirían a la sesión para dejar la sala sin quórum, y así operar para que se mantenga la decisión anterior –pese al posible error de votos-, o que la normativa tenga sanción ficta el 2 de junio.
Dijo en ese sentido que los que se oponen a la concesión están entre la espada y la pared. Además, Masi cuestionó que el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, insista en la ampliación de la concesión, a sabiendas de que su padre es uno de los accionistas de la empresa Tape Porã. Celebró que al menos este lunes el ministro se animara a confesar que su papá forma parte de una de las empresas que trabaja con la firma a ser beneficiada con la concesión por 30 años más, sin licitación de por medio.
La senadora cuestionó que varios de sus colegas operen por una empresa privada, y resaltó que el presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, no puede firmar el acta de sanción de la concesión porque se trataría de un documento de contenido falso.
De acuerdo a datos obtenidos en el Congreso, corrió supuestamente la suma de dos millones de dólares para la concesión de la ruta VII. De esa suma, 700.000 dólares se debían repartirse en la Cámara de Diputados, donde se aprobó primeramente el proyecto, y los 1.300.000 dólares restantes corresponden a la Cámara de Senadores.