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Lausa Casuso, abogada del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, explicó que es totalmente legal la decisión tomada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Estanislao, Crescencio Ocampos, quien concedió el hábeas corpus genérico solicitado por Jarvis y con ello ordenó que se suspenda su extradición al Brasil, prevista para este jueves.
Casuso indicó que se basó en el artículo 3 de la ley 1500/99, el cual establece que el hábeas corpus puede tramitarse ante cualquier Sala Penal de la Corte o cualquier Juzgado de Primera Instancia.
Sobre por qué el trámite fue hecho ante un juzgado del departamento de San Pedro, respondió que la citada normativa permite cambiar de jurisdicción cuando haya impedimentos para hacer el citado tramite en el área correspondiente, en este caso, ante el Juzgado Penal de Garantías de Asunción, a cargo de la jueza Lici Sánchez. En ese sentido dijo que la citada magistrada no permitió supuestamente en ningún sentido admitir pedidos de nulidad, cuando está obligada a al menos recibirlos, aseguró la abogada.
Entonces, relató, empezaron a recorrer juzgados de Primera Instancia en el país para que un juez les acepte el pedido de hábeas corpus, pero muchos magistrados se negaron. Así fue que llegaron hasta San Estanislao, donde el juez Ocampos "habló con su señoría, nos pidió las pruebas que teníamos sobre las amenazas y se las mostramos".
Comentó que tienen mensajes sobre la amenaza de muerte que pesa sobre su cliente en el Brasil y que incluso ella recibió de números desconocidos videos de personas siendo asesinadas como un mensaje de lo que le puede pasar a ella y a su cliente.
La abogada resaltó además que recibió varios mensajes en los cuales le informaban que hay una orden directa del presidente Horacio Cartes de extraditar a Jarvis lo antes posible, y que las órdenes judiciales no le importaban "al número uno", subrayó.
Consultada sobre qué pasaría si la Policía y el Ministerio de Justicia igual proceden a la extradición al país vecino, Casuso afirmó que, en ese caso, el Estado estaría cometiendo el "secuestro" de un ciudadano paraguayo.