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En sesión extraordinaria este cuerpo legislativo, luego de casi cinco horas de debate, dio visto bueno al proyecto “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública”, más conocida como alianza público privada, de la manera solicitada por el presidente Horacio Cartes.
La comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el diputado Ramón Romero Roa (ANR), dictaminó por mayoría de sus miembros que los legisladores acompañen la media sanción de la Cámara de Senadores.
“Este proyecto es un instrumento fundamental para que Paraguay despegue hacia el desarrollo”, afirmó Romero Roa. Sin embargo, comentó que un grupo minoritario dentro de su comisión pidió que Diputados se ratifique en sanción de marzo pasado.
El 26 de setiembre pasado, la Cámara de Senadores introdujo modificaciones en el proyecto de ley de APP que había sido aprobada por los diputados, a pedido del actual Ejecutivo.
Entre los cambios hechos se encuentran el artículo 52, en el que se establece que el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos de obras con participación público-privada. Además dispone las concesiones no solo de infraestructura, sino también de bienes y servicios.
En la plenaria, el legislador José María Ibáñez ofició de vocero del Partido Colorado para sentar postura de la bancada. Valoró la propuesta de APP, a la cual calificó como la ley más importante para el Paraguay.
“Esta ley habilita al capital privado invertir en la explotación de servicios básicos ahí donde el Estado no llega. Cuántas veces escuchamos quejas por falta de presencia del Estado. Cómo tendrá presencia si no hay recursos”, subrayó.
Ibáñez destacó otra de las modificaciones introducidas por el Senado, el cual consiste en la remisión de informes al Legislativo y a la Fiscalía sobre los contratos arribados entre el Estado y las empresas privadas.
Finalmente dijo a todos los sindicalistas que se movilizan en todo el país este lunes que la propuesta “no significa una privatización, no autoriza a la expulsar a funcionarios públicos”.
En tanto, Antonio Buzarquis, en representación del Partido Liberal, instó el proyecto la APP, pero versión Diputados.
Cuestionó que la normativa versión Senado establece que los montos de la concesión no pasen por la Ley del Presupuesto, además de conceder no solo obras de infraestructuras, sino también servicios públicos básicos.
Otro punto criticado hace referencia a que en casos de controversia el Estado paraguayo con la empresa privada podrá litigar ante tribunales internacionales. Buzarquis aseguró que en casos de demanda contra el país “siempre salimos perdiendo”.
Recordó su oposición al artículo 52 (ver líneas arriba), el cual confronta con el artículo 202 de la Constitucional nacional, afirmó, pues en el inciso 11 establece que entre los deberes y atribuciones del Congreso está la autorización y plazos para la concesión de servicios públicos.
Los servicios básicos “jamás deben pasar a manos privadas”. Recordó la problemática situación del transporte público, que mediante presiones reajustan el precio del pasaje.
“Que lo público siga siendo público, y que mañana lo público no sea privado”, concluyó.
Por su parte, la diputada Roció Casco, en representación de la bancada Avanza País, pidió postergar por 30 días el estudio del proyecto para debatir más al respecto, sin embargo este pedido no corrió.
Por el Partido Patria Querida (PPQ), la diputada Olga Ferreira de López expresó su preocupación por el proyecto versión Senado e instó a que la Cámara se ratifique en su sanción inicial.
En tanto, Ramón Duarte, en representación del Frente Guasu pidió que postergar el estudio para llamar a un referéndum para que la ciudadanía decida la mejor opción.
Finalmente la votación fue nominal, eligiéndose la versión Senado con 60 votos. El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.