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La ley que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones y otros datos relacionados al uso de los recursos públicos en remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público que obliga a los tres poderes del Estado, más las binacionales Itaipú y Yacyretá, ya está en vigencia y desde hoy rige la obligatoriedad de la publicación.
En ese sentido, la Secretaría de la Función Pública está en pleno monitoreo de las páginas web de las diferentes instituciones, para determinar quiénes cumplen la ley, explicó el ministro Humberto Peralta. “Hasta el momento, este será el mecanismo de control, ya que la misma ley obliga a que los datos estén disponibles en Internet”, dijo.
“En el caso de aquellas instituciones del Estado que no cuenten con un sitio en línea, como es el caso de las municipalidades de menor capacidad, se les facilitará un espacio en la web de la SFP, aseguró. Con ellos, el proceso será un poco más largo, justamente por esta limitación”, reconoció.
Peralta reconoció que no hay un criterio unificado para la publicación de las listas de salarios y otros datos, pero sí hay informaciones que no pueden dejar de estar, porque están establecidas en la ley. Si nos referimos exclusivamente al tema sueldos, debe estar disponible el nombre del funcionario, el cargo y lógicamente la remuneración –con beneficios– que percibe.
Explicó que no se puede establecer un único formato para la presentación de las listas debido a que hay instituciones como el Fondo Nacional de Cultura y las Artes (Fondec), que solamente tiene empleados contratados.
El ministro adelantó que el martes a la medianoche ya contará con el primer resultado del monitoreo que iniciaron ayer. Estos datos se someterán a una evaluación, cuyos resultados se darán a conocer a la opinión pública el miércoles.
Prometió que una vez que quede bien establecido el mecanismo de monitoreo de la publicación de los datos por institución, esta práctica será periódica. En coincidencia con la publicación del primer reporte, se comunicará a las mismas autoridades de las instituciones que están en falta, y se iniciará el proceso de pago de multa.
Recordó que de acuerdo a la ley, si no se publican las listas o si estas no cumplen con lo estipulado en la normativa, la “autoridad máxima” de la institución es la que deberá pagar la multa, que es de G. 12.700.000 (180 jornales), dijo Peralta. Reconoció que todavía no está definido el mecanismo de transferencia de este monto, pero lo más seguro es que se haga desde la institución afectada al Ministerio de Hacienda.
La normativa también estipula que las listas de funcionarios deberán ser actualizadas en forma mensual hasta 15 días hábiles del mes inmediatamente posterior. La normativa fue impulsada por el diputado colorado Ramón Romero Roa, luego de que la prensa exigiera la publicación de la nómina de funcionarios, permanentes y contratados, en ambas cámaras.