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En el marco de un remate público caracterizado por un ambiente tenso, finalmente la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) ganó la puja y se adjudicó las 38 viviendas del barrio La Esperanza, de Capiatá.
Los martilleros fijaron el precio base de las unidades habitacionales en G. 400 millones, monto que en realidad era el adeudado por la citada cooperativa fallida a la entidad que consiguió llevarlas a remate, Visión Banco.
Lo llamativo del caso es que para la construcción de las casas, la cooperativa, intervenida y clausurada por el Instituto de Cooperativismo (Incoop), recibió un crédito hipotecario de G. 2.979 millones de la propia Senavitat.
La entidad fallida se comprometió cobrar una cuota cercana a los G. 400.000 a sus asociados (lo cual hizo) y repagar al ente estatal, lo que efectivamente no ocurrió.
Esto implica que el ente estatal está asumiendo una suerte de doble estafa, puesto que deberá absorber los G. 2.979 millones y pagar otros G. 1.700 millones como resultado del “salvataje” de las viviendas que fueron a remate.
De acuerdo a los antecedentes, el ingeniero Hugo César Acevedo, presidente de la cooperativa intervenida y clausurada, está imputado en otra “tragada” junto a funcionarios de Senavitat, aunque no así en este caso, que se viene arrastrando desde el 2015.
Es vicepresidenta María Ledesma de Florentín; secretaría, María Nancy Bogado de Sánchez; tesorera, Marilina Giménez, y miembros titulares, Catalino Ríos, Nilsa Torres y el suplente Mario Maciel.
Otro aspecto curioso es que el Incoop hasta ahora no ha hecho las denuncias correspondientes en este caso.