Cargando...
Con 39 votos a favor y cuatro en contra, Lugo fue sentenciado por la Cámara Alta y deberá dejar el cargo, según la resolución aprobada por los legisladores.
El juicio mediante el cual se resolvió su remoción duró poco más de 24 horas: Empezó antes del mediodía del jueves y culminó en la tarde de este viernes.
Durante la exposición de la defensa, este viernes, los abogados del presidente Lugo solicitaron extender el juicio, pedido que fue rechazado por el pleno.
Otro fracasado intento de dar tiempo al mandatario estuvo a cargo del senador Carlos Filizzola, quien pidió brindar 72 horas más de gracia antes de emitir una sentencia.
El presidente Lugo se ausentó durante todo el proceso y envió a sus representantes, quienes argumentaron que todas las acusaciones carecen de pruebas concretas y denunciaron que las “apreciaciones” de los legisladores son “antojadizas y subjetivas”.
Durante la deliberación en el Congreso, se registraron los primeros incidentes alrededor de las 16:30 de la fecha entre los manifestantes que permanecían en vigilia frente a la Vicepresidencia.
El juicio fue impulsado tras un enfrentamiento entre policías y campesinos en Curuguaty, que causó 17 muertes.
Los legisladores acusadores responsabilizaron al mandatario de la tragedia e igualmente recordaron las invasiones y caos en el campo, además la ola de inseguridad y la firma del Protocolo de Ushuaia II.
Lugo debe entregar el poder al vicepresidente de la República, Federico Franco, quien de esta manera podrá permanecer al frente del Ejecutivo hasta el 15 de agosto del 2013.
Poco antes de emitirse la sentencia del Senado, la Unión de Naciones Sudamericanas advirtió que no reconocerá a Federico Franco y adelantó “acciones” contra el Paraguay.
Fernando Lugo permaneció en el poder durante tres años y 10 meses: Asumió el 15 de agosto de 2008 y debía dejar el cargo recién el 15 de agosto del 2013.
Con el resultado del juicio político, Lugo no solo pierde el mando de la República, sino que la posibilidad de asumir como senador vitalicio.
La medida contra el mandatario supuso un clima de inestabilidad que incluso provocó la reacción de la comunidad internacional.
Varios disidentes calificaron el hecho como un golpe de Estado parlamentario, según expresiones del propio Lugo.
El juicio político es una medida prevista en el artículo 225 de la Constitución para casos de mal desempeño y delitos comunes de parte del presidente de la República.