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El ministro de la Secretaría de la Función Pública, José Tomás Sánchez confirmó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Universidad Nacional de Asunción, el Poder Judicial, la Municipalidad de Asunción, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, no informan sobre la contratación de personal.
Esta total impunidad es posible gracias a una acción de inconstitucionalidad planteada por los entes y que obtuvo el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la cual otorgó una medida de amparo, que exonera a las seis entidades de brindar información sobre el número de funcionarios nombrados y contratados, los mecanismos de contratación, entre otros datos importantes para transparentar la función pública.
“No tengo información actualizada (sobre la cantidad de funcionarios) porque el TSJE no cumple con la remisión de datos sobre los funcionarios a la SFP que tienen que hacer todas las instituciones. Además ellos tienen una acción de inconstitucionalidad contra toda la ley de la Función Pública y la Corte le dio la medida cautelar a la Justicia Electoral para que efectivamente esa ley no rija para ellos, entonces estan con un manto de impunidad”, comentó a radio Cardinal AM.
Esta falta de control por parte del organismo encargado de transparentar la función pública, permite el clientelismo, la práctica del nepotismo, los contratos sin un concurso, la inclusión de numerosas personas con salarios bajos, entre otras irregularidades.
“El año pasado recibimos de manera informal de parte de la Fiscalía que investigó a los planilleros donde los parlamentarios tenían a sus parientes en las nóminas del TSJE. Recibimos un disco con las personas que fueron contratadas en el año y eran 26.000, que comparado con las Fuerzas Armadas, es más que un ejército. Eso fue el año pasado y correspondía al 2010”, señaló.