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Los legisladores de la Cámara Baja no alcanzaron los votos necesarios para mantener su postura sobre el proyecto que declara emergencia la infraestructura de los centros educativos públicos y subvencionados del país. De esta manera, el proyecto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
El Senado había establecido que las gobernaciones y municipios realicen rendiciones semestrales al Ministerio de Educación y Cultura sobre las obras encaradas o a desarrollar, lo mismo que en audiencias públicas y ante las Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria del Congreso. A esto se suma que en la cláusula de contrato con la empresa adjudicada se establezca una cláusula penal para casos de incumplimiento en la ejecución de las obras.
La versión Diputados planteaba obviar el proceso licitatorio para la construcción de aulas y escuelas, bajo el argumento de que se debía acelerar los procesos de adjudicación de obras.
Los que apoyaban la versión Senado decían que actualmente hay mucha malversación de fondos en la construcción de escuelas y colegios, pese a los sistemas de controles existentes, por lo cual omitirlos sería empeorar la situación, alegaron.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso como exigencia de los estudiantes secundarios para levantar la medida de fuerza que habían impulsado en mayo pasado, ocasión en que salieron a las calles y tomaron colegios pidiendo mejor calidad educativa y mayor inversión en el área.