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La Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado el juicio político al contralor José Enrique García. Desde entonces, la Cámara Baja “retuvo” el pedido. Se supo en ese ínterin que el contralor contrató a la hija del diputado reelecto Salustiano Salinas en la CGR y que Analy Valiente, esposa del exdiputado y actual senador Dionisio Amarilla, fue “ascendida” también en la Contraloría General de la República (CGR).
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El pedido de juicio político al Senado fue presentado por iniciativa de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI). Ahora, será estudiado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional y Fuerza Pública. El documento llegó al Senado el sábado pasado, día en que juraron los senadores del nuevo periodo legislativo.
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García fue imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso por la Fiscalía. En Diputados lo acusaron de no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, representada por el abogado Juan Ernesto Villamayor, quien será ministro del Interior desde el 15 de agosto.
Asimismo, hacen referencia a la autoasignación de García en viáticos para un viaje a un evento a Madrid, España, que duró cuatro días pero fue otorgado el dinero para 10 días. Recibió G. 12.983.700 cobrando por más de G. 8.644.616. También la asignación de más de G. 6.906.665 en viáticos a otros dos funcionarios.
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Otro cuestionamiento hace referencia a la contratación de un servicio de consultoría de su directora de Gabinete, Norma María Martínez Irigoitia, por G. 108.000.000, para elaborar un manual de funciones ya existente.