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El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, anunció que la seguridad de la familia del presidente del Congreso, Roberto Acevedo, será reforzada luego del último atentado contra un medio de comunicación de su propiedad y las posteriores amenazas.
Esta mañana se lleva a cabo una reunión entre el presidente del Senado, Roberto Acevedo; el fiscal general, Javier Díaz Verón, y líderes de bancada de la Cámara Alta. Este encuentro se registra en la sala de Presidencia del Senado. Se inició a las 9:15 y continúa hasta el momento de redacción de este artículo.
Díaz Verón fue el único que salió a conversar con la prensa luego de más de dos horas de reunión. Dijo que las investigaciones del caso del atentado contra la radio Amambay, que se produjo la noche del viernes, continúan y hay tres personas detenidas en ese marco. Una de ellas está vinculada porque el número de teléfono del cual provinieron las amenazas hacia Acevedo está registrado a su nombre y las otras dos son dueñas del local de donde fue comprado el chip. Aunque no son determinantes en el caso, el fiscal general dijo que estos datos permitirán el cruce de información. Esta información fue facilitada por los periodistas Ruth Di Giovanni, de ABC Cardinal, y Alejandro Acosta, de ABC Televisión.
“No querría hablar sobre eso (supuesta implicancia del PCC brasileño o del grupo de Jorge Rafaat Toumani) pero sí estamos viendo la posibilidad de llegar hasta el fondo de la cuestión en relación a las amenazas y al atentado contra un bien de la familia del presidente del Congreso. Se sabe de qué número vino, fue detenida la persona a cuyo nombre está el teléfono; también fueron detenidas las dos personas dueñas del local donde fue habilitada la línea”, indicó Díaz Verón.
En otro momento, el fiscal general contó que los explosivos arrojados contra la radio Amambay son de origen brasileño. Finalmente, adelantó que la seguridad de Acevedo y su familia, así como la de su hermano José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero, será reforzada. La reunión fue convocada por el propio titular del Congreso, quien no recibió llamada de autoridad alguna a tres días de haberse registrado el atentado en que fueron heridas dos personas funcionarias del medio de comunicación.