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El amparo fue presentado por la abogada Rosa de Vacchetta en representación del grupo y pidió como medida cautelar de urgencia la libre circulación de vehículos, garantizando la propiedad privada, y que se suspendan las sanciones que estarán imponiendo a través de la Ley 3.850, que ya fue declarada por la Corte como inconstitucional y que, además, fue derogada por la Ley Orgánica Municipal que entró en vigencia en enero de 2010.
Sin embargo, la jueza Montanía rechazó estas medidas cautelares por ser una cuestión de fondo y ahora lo que se debe tratar es la cuestión de forma.
Si bien se rechazaron las medidas cautelares, el amparo sigue su curso normal en los estrados judiciales.