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El proyecto de ley de derogación fue presentado por la multibancada opositora (Frente Guasu, PDP, Avanza País y el liberal-disidente Carlos Amarilla). Finalmente, no se logró la derogación total de la ley, pero sí la de los artículos más polémicos que habilitaban al Ejecutivo a utilizar los fondos jubilatorios para obras de infraestructura, inclusive asumiendo riesgos compartidos.
Los artículos derogados hoy en sesión ordinaria son los: artículo 5, que manifiesta que “las entidades del Estado, incluyendo entes autárquicos y las demás entidades de derecho público, pueden asociarse entre sí mediante contratos de riesgo compartido (joint venture) para toda actividad lícita”; y el artículo 10, que autoriza a todas las entidades previsionales oficiales del país, como IPS, Caja Fiscal, cajas de jubilaciones bancarias, ANDE, Itaipú y otras similares creadas y/o a crearse, a financiar obras y servicios, con garantías del Estado.
Un número importante de oradores se manifestó a favor de la utilización de los fondos, pero en un contexto donde se garantice la seguridad y la institucionalidad, lo cual no existe en el Paraguay en estos momentos, explicaron. “No hay capacidad institucional, mientras no haya eso cabe y es respetable la conducta instintiva de defensa de estos recursos”, reflexionó el senador de Avanza País Adolfo Ferreiro, refiriéndose a las protestas que los jubilados y trabajadores activos han hecho días previos, en repudio a la propuesta del Ejecutivo.
Ferreiro inclusive fue más crítico no solamente con esta propuesta específica del Ejecutivo, sino con otras iniciativas. “Se supone que el Presidente (Horacio Cartes) y su ‘selección nacional’ (ministros) tienen idoneidad en la inversión, pero no saben fortalecer la institucionalidad”, arremetió. En este sentido, dijo que no se avanzó “ni un centímetro”, sino que al contrario, hubo retrocesos. Inclusive, habló de “abuso de poder” y otros “comportamientos políticos atemorizantes”.
Por su parte, la senadora del Partido Demócrata Progresista (PDP), Desirée Masi, dijo que no se pueden tocar los fondos jubilatorios porque de hecho es un dinero que precariamente atiende unas pocas necesidades de los jubilados. “La jubilación es indigna, no sirve ni para comprar remedios. Mi madre cobra G. 500.000 de IPS, no le sirve ni para pagar lo básico”, manifestó. “No podemos ‘timbear’ con los fondos”, agregó.
Otros senadores como Miguel Ángel López Perito (Avanza País), Esperanza Martínez y Hugo Richer (Frente Guasú), Carlos Amarilla (PLRA) y Julio César Veláquez (ANR) también se pronunciaron a favor de la derogación de los polémicos artículos. Cuestionaron principalmente que no hay seguridad para utilizar los fondos, especialmente desde las instituciones gubernamentales, por lo que se terminará “engrosando bolsillos y no para beneficio del país”, dijo Velázquez.