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El diputado Hugo Rubin había planteado ante el pleno revocar la decisión tomada la semana pasada, cuando se aprobó una reglamentación del artículo 201 de la Constitución, que en la práctica pretende el blindaje de los parlamentarios ante pérdida de investidura.
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Luego de un extenso debate, que se extendió por casi una hora, finalmente la propuesta de reconsiderar el punto fue rechazada por la mayoría, que ratificó lo sancionado con respecto a que los legisladores solo puedan ser echados mediante sentencia judicial y mayoría absoluta.
El planteamiento obedecía a que varios miembros de la Cámara, incluido el propio Rubin, pretendían rectificar su postura tras admitir que en realidad no se interiorizaron de los detalles del proyecto que habían apoyado la semana pasada.
No hubiese sido la primera vez que los parlamentarios finalmente revén su postura, rechazando el acta de la sesión anterior. En 2015 recurrieron a este procedimiento para anular una polémica modificación del Código Laboral, debido al repudio de los empresarios.
Sin embargo, al respecto en ese entonces se modificó el acta pero no la anulación total, que es lo solicitado por el diputado Rubín. Los parlamentarios cuestionaron principalmente que se busque revocar una decisión que ya pasó a la Cámara de Senadores por lo cual, ya no compete a Diputados tratar el asunto.
“No podemos votar si cumplir o no el proceso de una formación de una ley”, explicó Bernardo Villalba y la misma postura fue sostenida por muchos parlamentarios.
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La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el cuestionado proyecto de ley con el cual intentan evitar nuevos casos de pérdida de investidura para los 125 miembros del Congreso, cuya remoción podría impulsarse únicamente si la solicitud va firmada por la cuarta parte del total de la Cámara.
Igualmente, se plantea que para aprobar la destitución se requerirá del voto de 30 -actualmente el requerimiento es de 23- de los 45 senadores. En el caso de que el proceso se impulse en la Cámara Baja, la pérdida de investidura se concretaría únicamente mediante el apoyo de 53 de los 80 diputados, cuando actualmente el número mínimo es de 41.
No contentos con complicar la pérdida de investidura en el número mínimo de votos, igualmente establecieron que el parlamentario en cuestión debe tener condena judicial firme previamente.
El autoblindaje fue impulsado luego de la pérdida de investidura del cartista Óscar González Daher, quien se vio envuelto en un escándalo -e incluso fue imputado- tras darse a conocer audios en que se evidenció la manera en la cual se cocinaban fallos desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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El proyecto de ley ahora está en el ámbito de la Cámara de Senadores, donde se estima que se reunirán los votos necesarios para una sanción completa.