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“La parte más vulnerable de la sociedad va a ser afectada, vamos a tener que cerrar fiscalías y vamos a tener que tener nuevamente una Fiscalía por departamento, también la asistencia a víctimas se verá afectada”, manifestó Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, en su visita a la sede parlamentaria, donde se reunió hoy con Pedro Alliana, titular de la Cámara Baja, además de con otros diputados.
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El proyecto de ley De los ingresos judiciales de la Corte Suprema de Justicia pretende que el 100% de los recursos que se obtengan de las tasas judiciales sean para el Poder Judicial, y que ya no se destine un porcentaje ni al Ministerio Público ni al Ministerio de Justicia.
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“Han prometido que no se va a tratar el caso de las tasas hasta que tengamos la certeza de que se llegue a una mesa de diálogo y se tenga la certeza absoluta de que no van a ser afectados. Les hemos expuesto lo que va a ser afectada la institución”, detalló Quiñónez sobre el acuerdo logrado con los diputados.
Entre los participantes de la reunión se encontraba José María Ibáñez. El mismo tiene un proceso “congelado” en la Corte por el caso de los “caseros de oro”. Este legislador pagaba con dinero de Diputados el salario a los cuidadores de su casa de Areguá. La Fiscalía concluyó en su momento que Ibáñez convirtió en planilleros de la Cámara a sus empleados. Además, cobró cheques de los mismos. La expectativa de pena es de hasta cinco años de cárcel.