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Sin demasiado ruido y sin mencionar el nombre con el que se conoce a las tierras, en el sexto punto del orden del día de la sesión del Senado figura el tratamiento de un proyecto de ley por el cual se “transfiere a título gratuito a favor de la Secretaría del Ambiente un inmueble individualizado como Finca N° 30, Padrón N° 61, del Distrito de Curuguaty, Departamento Canindeyú, y lo declara como área silvestre protegida bajo dominio público a perpetuidad, con categoría de manejo reserva científica de estricta protección y la denominación ‘Reserva Científica Yberá”.
Las tierras son donadas por la firma Campos Morombí S.A.C.A., propiedad de la familia del fallecido dirigente colorado Blas N. Riquelme. El único problema es que esas tierras pertenecen al Estado paraguayo, no a la señalada firma, según han insistido en varias ocasiones representantes de diferentes instituciones. Es decir, básicamente el Estado estaría aceptando la donación de unas tierras que le pertenecen desde hace casi medio siglo.
De acuerdo a fuentes oficiales de Registros Públicos, las tierras en cuestión siguen figurando a nombre de La Industrial Paraguaya, una firma que en 1966 donó las tierras a la Armada. Sin embargo, las tierras nunca fueron registradas, algo de lo que se valió la firma Campos Morombí para iniciar un juicio de usucapión en 2005.
El juicio terminó siendo ganado por la familia Riquelme, aunque al momento de realizar la inscripción se detectó un error que los representantes de Campos Morombí intentaron corregir después de tres años de ganado el juicio. Ante esta situación, la propiedad volvió a figurar a nombre de La Industrial Paraguaya y se inició un nuevo litigio entre la firma privada y el Estado, representado por el Indert y la Procuraduría General de la República.
Según el proyecto de ley, las tierras que Campos Morombí corresponden a la finca N° 30, padrón N°61 del distrito de Curuguaty. Es aquí donde, según datos de Registros Públicos, saltan errores enormes del proceso. Dentro del distrito de Curuguaty sí existe una propiedad inscrita como la finca N° 30, pero corresponde al padrón N° 85 y figura a nombre de una empresa llamada Verónica S.A. Inmobiliaria Ganadera e Industrial.
Las tierras que corresponden a Marina Cue están inscritas como la finca N°30, padrón N° 61, pero del distrito de Hernandarias. Lo que queda de esa propiedad sigue figurando a nombre de La Industrial Paraguaya. Es decir, Campos Morombí no puede donar ni la propiedad de Curuguaty ni la de Hernandarias, porque ninguna de las dos le pertenece. De aprobarse este proyecto, se estaría cometiendo un error y aceptando la donación de tierras que no corresponden, algo de lo que los legisladores deberían haberse percatado si es que recurrían a Registros Públicos para realizar las preguntas correspondientes antes de aprobar el proyecto.
Víctor Peña Gamba, abogado de Campos Morombí, manifestó en conversación con ABC Color que la intención de la firma siempre fue la de ceder esas tierras, pero que el único inconveniente es que no están dispuestos a entregarlas para la reforma agraria, ya que en el lugar existe una reserva que debe ser protegida. Según el profesional, esta no es una disposición que asumieron ellos sino que está establecida en la ley de deforestación cero y en el estatuto agrario.
“Una propiedad que tiene servidumbre ambiental, no importa a nombre de quién está, de ninguna manera debe ser entregada para la reforma agraria”, señaló.
Peña Gamba aseguró que las tierras nunca figuraron a nombre del Estado y que, en caso de concretarse la donación, sería la primera vez que lo harían. Si bien reconoció que la propiedad siempre figuró a nombre de La Industrial Paraguaya, insistió en cuanto a que al existir una sentencia firme y ejecutoriada de un juez en el juicio de usucapión, este documento ya sirve como título, según lo establecido por el Código Civil.
Si bien el abogado tiene razón en cuanto a lo establecido por el Código, el juicio de usucapión tuvo un error, pues en principio se promovió contra la Finca N° 9, un desprendimiento de la finca madre N° 30. Cuando se pretendió realizar la inscripción, el proceso fue rechazado. “No tendríamos ningún inconveniente de entregar al Estado; lo que sí siempre dijimos es que no se puede entregar a asentamientos campesinos porque así lo establece la ley de deforestación cero y en el estatuto agrario también se establece lo mismo”, aseveró.
Justo Cárdenas, titular del Indert, señaló a ABC Color que el Poder Ejecutivo ha ratificado plenamente que la propiedad de estas tierras es del Estado paraguayo. “El Indert y el procurador están peleando este derecho que le corresponde al Estado. Vamos a ratificar las veces que sea necesario que esas tierras son del Estado paraguayo”, apuntó.
Cárdenas recordó que fue un error el proceso de inscripción el que permitió que los Riquelme hicieran un juicio de usucapión sobre esas tierras e insistió en que se seguirá peleando en el ámbito judicial hasta que las mismas vuelvan a manos del Estado paraguayo.
Aseguró que se viene peleando en el ámbito que corresponde, el judicial, pero reconoció que el Ejecutivo pierde jurisdicción al tratarse en el seno del Legislativo. “Les advertimos a los legisladores que esas tierras son del Estado. Las veces que me tocó hablar con los parlamentarios he sentado una postura muy firme”, apostilló.
“(Los Riquelme) no pueden donar una tierra que no es de ellos”, sentenció.
El proyecto de ley fue presentado ante la Cámara de Diputados por el colorado Óscar Tuma y tuvo en Bernardo Villalba (señalado como uno de los legisladores con vínculos con el narcotráfico) a uno de sus mayores defensores. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley en sesión del 10 de setiembre y fue girado a las comisiones de Asuntos Departamentales y de Energía, que aconsejaron la aprobación con modificaciones.
Este proyecto de ley tendrá sanción automática el próximo 17 de setiembre. Es decir que, de no ser rechazada, el Estado estaría aceptando la donación de sus propias tierras.