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La periodista de ABC Color, Griselda Centurión, elaboró un listado de los legisladores que tienen cuentas pendientes con la justicia.
Uno de los casos que se descubrió a través de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue el de Jorge Oviedo Matto, quien ocupó un cargo en ese organismo en representación de Senado. Tras la pérdida de investidura de Óscar González Daher en el anterior periodo legislativo, Oviedo Matto renunció poco después para evitar el desagravio de ser echado por sus pares.
En la imputación del Ministerio Público se transcribe el audio donde el legislador le pide a la fiscala Casse Giménez que “amanezca en un banco”. La agente ratificó en sede fiscal que Oviedo Matto le pidió US$ 10.000 para impulsar una denuncia contra su colega Karina Giménez en el Jurado. Era por un caso de un barrabrava que se “cocinó” en altas esferas de la Fiscalía, pese a que la víctima del robo de un teléfono celular era hermano de un asistente de la fiscala Casse Giménez.
Este año se lo volvió a elegir por el Unace, es la única representación de su partido en el Senado. Actúa siempre como un cartista más. Fue mencionado también en audios en donde Miguel Iturburo, un alto funcionario del TSJE, ofrecía “inflar” la cantidad de votos en las planillas informáticas.
El diputado liberal por Alto Paraná Carlos Portillo está imputado por exigir US$ 3.000 a una procesada para “arreglar” su causa. Los hechos que se le atribuyen son tráfico de influencia, soborno, asociación criminal (todos en calidad de autor) y cohecho pasivo (como cómplice).
El caso se inició a raíz de audios difundidos por ABC Cardinal, en los cuales se escucha al liberal conversando con una mujer acerca de la obtención de una resolución favorable a un caso judicial, y en el que la persona de sexo femenino le menciona: ¿Cómo te puedo enviar… depósito, giro, entrega? A lo que el diputado le responde: “…Voy a ver si alguno de mis familiares o amigos puede acercarse…”.
La víctima fue Auda Fleitas y la misma corroboró en una testimonial que le pidieron US$ 3.000 para arreglar una causa en su contra abierta por estafa y producción de documentos no auténticos. Relató que el caso data de junio de 2017 y que el diputado le confirmó que consiguió un fallo favorable de la Cámara de Alto Paraná, por el que debía pagar ese monto.
El diputado colorado cartista Carlos Núñez Salinas fue acusado el 18 de marzo del 2016 por contrabando y producción de documentos no auténticos y desde entonces ha postergado su audiencia preliminar con chicanas en siete oportunidades.
A causa de las reiteradas chicanas de la defensa, la última convocatoria judicial se realizó bajo apercibimiento de la adopción de medidas previstas en las acordadas establecidas con el fin de evitar dilaciones innecesarias.
Según la acusación del Ministerio Público, la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez Salinas, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que declaró US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028, burlando así el pago del impuesto correspondiente. La denuncia fue realizada por la entonces directora de Aduanas, Rocío Vallejos, que ahora es colega de Núñez Salinas en la Cámara Baja.
El senador colorado Víctor Bogado dilata su proceso por estafa (autor) y cómplice del cobro indebido de honorarios de la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana Venialgo.
La mujer tenía salarios en la Cámara de Diputados y la Itaipú, pero era planillera. También fue incluido en el caso el exdirector de gabinete de Bogado, Miguel Ángel Pérez.
Esta causa se llegó a elevar a juicio oral hace unos años, pero la Cámara de Apelaciones anuló ese fallo. La Sala Constitucional de la Corte cajoneó el expediente por casi dos años y ahora corrió traslado a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz para que se expidan sobre una chicana que todavía debe resolver el alto tribunal. Está pendiente la confirmación del juez Óscar Delgado, lo que traba que se realice la audiencia preliminar.
El ministro Antonio Fretes, presidente de la Sala Constitucional de la Corte, corrió traslado de una acción de inconstitucionalidad que fue presentada el 30 de setiembre de 2016 por el legislador colorado, tras diez urgimientos del Ministerio Público.
El parlasuriano, exsenador liberal y exministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo logró truncar durante cinco años dos procesos por lesión de confianza y pretende zafar un periodo más. Ahora, el político accedió a los dudosos fueros del Parlamento del Mercosur, con la intención de seguir evitando la justicia durante cinco años más porque el Parlasur no desafora.
El liberal llanista tiene dos causas por lesión de confianza. La más grande es por el desvío de G. 68.000 millones que debían ser destinados a la producción frutihortícola.
En este caso fueron condenados entre 7 y 11 años de cárcel los exdirigentes de la organización Fenaprofhp, pero tanto Enzo como su sucesor en el MAG, Rody Godoy, lograron evitar con chicanas y una mano de la Corte, ir a juicio oral.
En su otra causa, la Fiscalía le adjudica a Cardozo un perjuicio de G. 1.219 millones, que debían ser destinados a 8 comités de diversos puntos del país, en el marco del Pronafope.
El senador liberal efrainista Enrique Salyn Buzarquis está acusado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas por un caso que data de cuando se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, durante la gestión de Federico Franco (PLRA). Perdió sus fueros la semana pasada.
Salyn Buzarquis está acusado por supuestamente violar la Ley de Contrataciones Públicas, cuando era ministro de Obras Públicas, al contratar directa e innecesariamente servicios de la consultora italiana Enterprise SPA, que ahora exige el pago de US$ 600.000 al MOPC y Yacyretá.
El legislador contrató a la compañía extranjera para que haga estudios de suelo en la zona del Chaco y en el departamento de Ñeembucú, sin tener la potestad de hacerlo en su calidad de ministro. Finalmente, la Fiscalía dice que los trabajos nunca se realizaron, pero sí se pagaron.
El parlasuriano Pedro Milciades Duré se esconde en los criticados fueros que dicen poseer los representantes del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Con esta excusa, Duré presentó su última chicana, inclusive cuando ni siquiera había jurado como parlasuriano.
Su defensa planteó en junio pasado una excepción de falta de acción para evitar el juicio oral por el negociado de la compra de tierras de la firma San Agustín SA, por parte del Indert (G. 46.000 millones).
Los fiscales René Fernández y Nelson Ruiz pidieron el rechazo de la excepción primero porque ni siquiera tenía Duré aún los fueros (juró el 1 de julio) y también porque tendrá inmunidad de palabra y fueros en el recinto donde deliberará, no afuera.
La excepción no pudo ser resuelta por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Jesús Riera, porque fue recusado en pleno por otro de los implicados en la lesión de confianza, Luis Ortigoza, extitular del Indert.
El diputado colorado por Paraguarí Tomás “Éver” Rivas soporta un caso calcado al de José María Ibáñez, debido a que pagó con dinero del Estado a tres empleados particulares, que planilleaban en la Cámara de Diputados.
Tomás Fidelino Rivas y sus tres caseros, Reinaldo Chaparro Penayo (quien sería su chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (otro chofer) fueron imputados por el fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Sin embargo, hasta ahora Rivas no fue desaforado en la Cámara de Diputados porque astutamente logró que el expediente vaya a la Cámara de Apelaciones con planteamientos de nulidad de la imputación.
Esa es la excusa que utilizó la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para no resolver el pedido de desafuero del juez Rubén Riquelme, quien remitió un oficio el 22 de mayo de este año y todavía no obtiene respuesta.
El diputado por Canindeyú Teófilo Espínola Peralta (PLRA, efrainista) ya estaba imputado antes de asumir su banca. El 1 de agosto pasado fue despojado de sus fueros a pedido del mismo legislador.
La fiscala Victoria Acuña le incluyó en un proceso por supuesto perjuicio de más de G. 5.000 millones en contratos de obras en sedes estatales del interior del país. Era fiscalizador de la Defensa Pública, cuya extitular Noyme Yore está acusada.
Espínola era uno de los fiscalizadores de las obras y, según la investigadora, los mismos debían realizar la coordinación de actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución a cabalidad y plazo de los trabajos contratados.
Sin embargo, estos (entre ellos Espínola) llevaban libros de obras sin cumplir con los requisitos, pues no hicieron constar todos los trabajos realizados y certificaron el cumplimiento de la ejecución de obras a favor de los contratistas, aún cuando sabían que las mismas no han sido ejecutadas a cabalidad. Es por esta situación que fue incluido en el proceso penal con otras 15 personas más.