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Esta mañana, efectivos de la Policía Nacional realizan el desalojo de una comunidad indígena ubicada en el distrito de Corpus Christi, Canindeyú, que cuenta con 170 miembros que ocupan una propiedad de la firma Laguna S.A.
Los agentes realizan la destrucción y quema de viviendas, templos y lugares sagrados, acompañados por los abogados de la firma La Laguna S.A., expresó a ABC Color la religiosa Raquel Peralta, secretaria ejecutiva de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal del Paraguay.
La destrucción actual incluye unas 100 viviendas. “Ellos, por suerte, no están en este momento en el lugar porque podría haber sido peor la situación con un enfrentamiento; pero la Policía entra a destruir y echar todo, y quemar”, expresa.
Peralta señala que los indígenas no se encuentran en el momento del desalojo y destrucción debido a que participan de una audiencia a la que fueron convocados por la jueza Silvia Cuevas. “Es una jugada y una chicanería judicial tremenda porque los indígenas fueron llamados para la audiencia a las 7:00, en Salto del Guairá, y la misma jueza es la que saca esta orden de desalojo en el mismo horario”, sentencia.
La secretaria ejecutiva de la Pastoral Indígena agregó que en las últimas tres semanas hubo dos intentos de desalojo, que no se concretaron porque los asesores y acompañantes alegaron una audiencia previa. “Pero ya no se pudo atajar porque la Policía también se siente muy presionada”.
Peralta subrayó que la misma jueza había fallado anteriormente a favor de los indígenas, razón por el cual concluye que “aquí en realidad corre mucha plata”.
La propiedad ocupada tiene 4.000 hectáreas y es explotada en producción agrícola y ganadera. Además, tiene una importante reserva forestal.
Está ubicada a 40 kilómetros al norte de la ruta X “Las Residentas” y a diez kilómetros de la frontera seca con Brasil.