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En Hernandarias, en la época de la intendenta Carmen Álvarez ANR en el 2008 se implementa la primera fotomulta para controlar el tránsito, según relató Juan Carlos Salinas miembro de la Coordinadora Ciudadana, creada contra Sertran, marcando así el inicio de un controvertido servicio de tránsito.
En el 2008, luego de la Asunción de Fernando Lugo, aparece en escena Petronio Muñoz, un hombre conocido por su cercanía con el presidente y con otros gobiernos de turno, desde la época de Alfredo Stroessner.
Comienza a ofrecer los servicios de la empresa, pese a que la misma aún no estaba constituida legalmente, hasta setiembre del mismo año en que consigue el reconocimiento de la empresa Servicios de Tránsito SA "empresa altamente rentable pero con un capital de solo G. 100 millones".
Sertran nace en Argentina ofreciendo el servicio de controlar el tránsito para disminuir los accidentes. Poco tiempo después comenzó a ser cuestionada por la aplicación de multas. Esto abrió una carpeta de investigación que llevó a comprobar que la empresa creaba infracciones para cobrar exacciones ilegales.
Los datos y evidencias llevaron a la Justicia a descubrir el cobro ilegal de 150.000 infracciones a través de las fotomultas.
A raíz de ellos, Alejandro Abeliansky dueño de Sertran Argentina y el intendente de Estación General Paz, Carlos Borgobello, fueron imputados por asociación ilícita, proceso que permitió que los afectados puedan gestionar la devolución de las multas pagadas.
En Paraguay surge otro nombre, Raúl Meza, otro allegado al presidente Fernando Lugo que estaba a cargo de las finanzas de la campaña proselitista del exobispo y que luego se supo era el directivo de la entidad controladora del tránsito.
Tanto Meza como Muñoz logran que sus servicios sean contratados en Ñemby por el intendente Hector Lesme en una licitación amañada porque ya se había firmado un convenio en octubre del 2008, un año antes del llamado a licitación. Similar situación ocurrió con los intendentes de Ypacaraí y Coronel Oviedo, quienes obtuvieron la bendición de los jueces de falta, respectivamente.
A partir de allí se desata un sinfín de denuncias de irregularidades en los controles, la finalidad de los mismos, la veracidad de las multas y los altos costos que generaban recaudaciones millonarias, el 80% de los cuales iban a Sertrán y solo el 20% a las comunas.
Los sucesivos reclamos generaron la reacción de varios sectores empezando por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que señaló que tanto los municipios como la firma violan la Constitución Nacional. A este reclamo se sumó la Contraloría General que incluso señaló que la entidad usurpaba las rutas nacionales.
Esta situación llega hasta la Corte Suprema de Justicia en el 2010, que durante dos años mantuvo el expediente encajonado. Mientras los documentos aguardaban su estudio en el Poder Judicial, en el 2011 el presidente Fernando Lugo, emite un decreto, el 6704, en el cual señala que solo la Policía Caminera puede aplicar sanciones en las rutas nacionales. Unos días después se le suma el Ministerio de Industria y Comercio y el Colegio de Abogados del Paraguay, este último reiteró que el control es ilegal.
Mientras la Corte seguía sin expedirse sobre Sertran, surge otra denuncia, la empresa utilizaba cámaras que nunca fueron inspeccionadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.
En octubre del 2010, ABC Color publica que el ente privado transgrede la ley 2279/03 de Ciencia y Tecnología al no contar con la habilitación del Departamento de Metrología Legal del INTN que garantice que las cámaras y los radares de velocidad funcionan correctamente y no proporcionan datos falsos.
Llamativamente el negocio se convirtió en algo muy rentable en Ñemby, donde en un año y cuatro meses recaudaron G. 3.248 millones de los cuales, solo G. 759 millones ingresaron en la Municipalidad, mientras que en Coronel Oviedo se registró una recaudación de más de G. 43.000 millones anuales, cifras que hacían presumir que podrían estar fabricando multas.
Las quejas arreciaron por la cantidad de fotomultas que se emitían, incluso utilizando a la empresa Informconf para intimar a los supuestos infractores a pagar la multa. Esto hizo que la firma de datos emitiera un comunicado donde desautorizaba a Sertran a utilizar la marca para exigir el pago.
El abogado Manuel Riera señaló en una ocasión que la empresa utilizaba documentos que no eran legales ya que incumplían con varias formalidades.
La Corte Suprema de Justicia, luego de dos años de cajonamiento y estudio, cuestionamientos y negociaciones, decidió el 23 de abril declarar como ilegal las fotomultas aplicadas por la firma Sertran que hasta ese entonces llevaba cuatro años de funcionamiento en el país.
Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas afectadas por las notificaciones y fotomultas en el Paraguay, así como la totalidad de lo recaudado por la firma.
Tras conocerse el fallo de la máxima instancia judicial, varios sectores se movilizaron para accionar contra los municipios a fin de exigir la devolución de todo el dinero desembolsado en concepto de multas, algo factible atendiendo a que el Código Civil reconoce el servicio de tránsito como un cobro indebido.