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Hace un año, miembros de la comunidad Sawhoyamaxa decidieron reingresar a sus tierras ancestrales.
Cansados ante la falta de respuesta por parte del Estado paraguayo para el cumplimiento de la sentencia que en 2006 había dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomaron esa decisión.
Con motivo del aniversario del reingreso a las tierras de la comunidad, las organizaciones Amnistía Internacional y Tierraviva organizaron una visita.
Para la ocasión, se extendieron invitaciones para miembros del Senado, donde se encuentra pendiente un proyecto de ley para la expropiación de las tierras.
Estuvieron presentes los senadores Esperanza Martínez, Miguel López Perito y Pedro Santacruz, además del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Jorge Servín.
Leonardo González, vicelíder de la comunidad, indicó que actualmente el problema no es la tierra sino los títulos de la misma.
Manifestó que está en manos de los parlamentarios el ayudar a que la lucha de 23 años de la comunidad tenga una respuesta.
Esperanza Martínez aseguró que a su regreso a Asunción se establecerán mesas de trabajo para impulsar el tratamiento y la aprobación de ley de expropiación de las tierras de la comunidad.
López Perito y Santacruz comprometieron el voto y apoyo de los miembros de sus respectivas bancadas.
El senador de Avanza País señaló a la comunidad que en dos o tres meses se podría tener la ley para que accedan a los títulos de sus tierras.
El titular del Indi, por su parte, aseguró que existe voluntad para otorgar los títulos y que se realizará todo lo necesario para cumplir con la ley una vez promulgada.
El caso de la comunidad Sawhoyamaxa es uno de los tres por los cuales pesan sentencias de la CIDH sobre el Estado paraguayo. En 2006, el organismo internacional estableció que Paraguay debía ceder unas 14.400 hectáreas que actualmente se encuentran a nombre de un empresario alemán.
El tiempo establecido para el cumplimiento de la sentencia era de tres años, pero hasta el momento han pasado 7 años sin solución alguna. En agosto de 2013, el entonces presidente Federico Franco presentó un proyecto de ley para la expropiación de las tierras que hasta ahora no ha sido tratado en la plenaria de las Cámaras del Poder Legislativo.