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Julio Espínola, Derlis Talavera y Ramón Echagüe González presentaron un amparo constitucional ante la Justicia. Los demandantes alegaron que la Municipalidad de Hernandarias, a cargo del intendente Rojas, denegó un pedido de información sobre los recursos provenientes de Fonacide y royalties, como así también del destino de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda, en el período comprendido entre enero y setiembre de 2018, además de la falta de respuesta sobre la nómina de funcionarios con sus cargos, salarios y viáticos.
Los accionantes presentaron como prueba la nota de recibido de la Municipalidad de Hernandarias, de fecha 2 de noviembre de 2018, en la que consta las informaciones requeridas al ente municipal. Los dirigentes sociales solicitaron el informe a la Comuna en base a las Leyes 5.189/2014 y 5.282/2014, que obligan a los entes estatales a proveer información pública.
El demandante Espínola recordó que el intendente Rojas, el año pasado, intentó justificar la falta de contestación al requerimiento ciudadano con la excusa de que los concejales aún no aprobaron su rendición de cuentas de 2018.
El juzgado penal de la Adolescencia Nº 2 de Ciudad del Este, interinado por la magistrada María Luisa Añazco, fue sorteado para estudiar el amparo constitucional. En la víspera, la jueza notificó al intendente Rojas y le emplazó por tres días para explicar el motivo de la falta del cumplimiento de las leyes de transparencia.
Si el intendente persiste en denegar judicialmente la información se expone a una multa de 300 jornales, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años, según el abogado Espínola.
El letrado, igualmente, anunció que presentarán otros amparos contra la administración de Rojas por no brindar datos sobre un dudoso arrendamiento de una finca pública a siete allegados, así como tampoco sobre la recaudación anual de recursos propios.