Incluso después de haber asumido la presidencia de la República, Fernando Lugo seguía integrando el Consejo de Administración en calidad de asesor espiritual y ecuménico de la fundación Petrus, liderada por su hermano, el colorado Pompeyo.
Inhabilitado
Por el caso, el abogado Juan Carlos Cabezudo indicó que el hermano del Presidente de la República cometía tráfico de influencia a costas del Mandatario y que incluso, hacía viajes al exterior para captar fondos de su organización. Pidió incluso que se investiguen los fondos de la ONG.
El profesional afirmó en su momento que el Jefe de Estado violaba el
artículo 237 de la Constitución Nacional al integrar el Consejo una fundación abocada a la actividad privada.
La respuesta del Ejecutivo
Tras la publicación periodística, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Emilio Camacho, ratificó que Lugo no estaba inhabilitado a ocupar un puesto en la fundación "Petrus" y puntualizó que el asesoramiento ecuménico no implica un cargo ejecutivo.
Finalmente, el 17 de octubre del 2008, en un notable reconocimiento de la
falta, Fernando Lugo decidió renunciar a la asesoría.
La contrademanda
El caso parecía esfumarse hasta que en febrero de este año, Pompeyo Lugo
demandó por difamación y calumnia a Juan Carlos Cabezudo. Exige la millonaria suma de USD 1.200.000, asegurando que la declaración del abogado le provocó un daño moral.
