Hasta el momento, tres policías han prestado declaración en el juicio, de un total de 264 testigos propuestos por la Fiscalía, según indicó a Efe el abogado Víctor Azuaga, parte del equipo que ostenta la defensa de los campesinos. Azuaga afirmó que “es muy llamativo” que muchos de los testigos principales propuestos por la Fiscalía “ya hayan muerto” y no puedan ayudar a esclarecer los hechos.
Citó el caso del jefe del operativo que intervino en Curuguaty en el momento de la masacre, que murió durante la operación, y del oficial Marcos Agüero, que pilotó un helicóptero durante la matanza y que falleció el pasado 14 de agosto en un accidente aéreo mientras patrullaba en la ciudad de Limpio (Gran Asunción).
El abogado criticó además que los testigos presentados hasta el momento, así como los representantes de la Fiscalía, estén tratando de “ocultar la presencia de miembros de la Fuerza Operativa Policial Especializada (FOPE)” en el desalojo que llevó a la matanza de Curuguaty. El juicio se retomó este lunes en Asunción después de que el tribunal concediera a los campesinos acusados un permiso de cuatro días para poder celebrar las fiestas de Año Nuevo en sus casas, situadas en el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú (este).
Los acusados se encuentran en régimen de arresto domiciliario y mientras prosigue el juicio residen en un albergue pospenitenciario en Asunción, a excepción de Rubén Villalba, que cumple una pena de prisión por una causa anterior a la masacre de 2012. Azuaga criticó la actitud de los efectivos policiales que custodian el albergue pospenitenciario en Asunción y que se resistieron a dejar salir a los acusados, aunque finalmente acataron la orden judicial, según afirmó.
El abogado estima que el juicio a los campesinos acusados acabará hacia el próximo mes de mayo, cuando concluyan todas las declaraciones testificales propuestas por la Fiscalía y los defensores, y la reconstrucción de los hechos con la presentación de pruebas e informes periciales. En junio de 2012, cerca de 300 policías acudieron a desalojar de forma violenta a los aproximadamente 70 campesinos que habían ocupado una finca para reclamar que formara parte de la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de once campesinos y seis policías, y provocó una semana después la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un polémico juicio parlamentario. El juicio a los campesinos acusados de la muerte de seis policías durante estos hechos se inició hace cinco meses, mientras que no hay ningún investigado por la muerte de los 11 labriegos en la masacre.