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El proyecto de ley “que regula la realización y divulgación de encuestas electorales para cargos de elección popular y referéndum” busca censurar las encuestas electorales y dejar bajo exclusivo control del TSJE la elaboración de estos trabajos encarados por empresas privadas, restringiendo así su publicación.
Este martes, en horas de la mañana, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación de la Cámara de Diputados realizaron una audiencia pública para analizar el tema.
Cesar Diésel, director de Transparencia del TSJE, dijo que el proyecto es “interesante” si se precisan algunos conceptos y se respetan disposiciones constitucionales. También celebró que finalmente se regulen las bocas de urna, una constante recomendación internacional.
No obstante, Francisco Capli, de la firma First Análisis y Estudios, se mostró en contra de las regulaciones y abogó por el libre mercado. Se mostró en contra de las regulaciones como que el TSJE lleve el único registro de empresas o entregar a dicho ente las bases de datos que son propiedad de los clientes de cada encuestadora. Igualmente, advirtió que los trabajos tienen un margen de error y señaló que es peligro comparar los resultados ya que estos muestreos generan cambios en estrategias.
Por su parte Ati Snead pidió al Congreso respetar la Constitución Nacional en su artículo N° 26, de la Libertad de Expresión; el N° 86, del Derecho al Trabajo, y el N° 107, de la libertad de concurrencia. Señaló que con esta Ley el TSJE se volverá una especie de “policía de encuestas”.
A su turno, Ariel Chase, de ICA, se opuso completamente al proyecto. Cuestionó que se busque hacer un “ranking de resultados de encuestas” cuando estos estudios son “imágenes de un momento” en una carrera muy emocional cuyos resultados pueden variar en cuestión de días.
Sin embargo, Teresita Báez, de la asociación de Estadísticos, gremio que colaboró con la redacción de la ley, dijo que están muy preocupados por la falta de rigor técnico en las encuestas y sostuvo que todas las disposiciones constitucionales que piden los encuestadores deben respetarse en el marco de ofrecer a la ciudadanía una información veraz y de calidad.
Por su parte Mercedes Canese, representante del Frente Guasu, señaló que el proyecto fue consensuado con el llanismo en el Senado en colaboración con la asociación de estadísticos y la Facultad de Ciencias Económicas (FACEM).
Agregó que actualmente las encuestas arrastran una pérdida de credibilidad y que dejaron de ser una herramienta para volverse “propaganda electoral”. Aclaró que la ley no prevé sanciones a los resultados; solo al incumplimiento de plazos en las publicaciones. Ratificó que la ciudadanía debe saber quien paga las encuestas en el marco de la transparencia del financiamiento político e impedir que se usen medios de comunicación para difundir encuestas pagadas por políticos.
La audiencia pública fue presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR, cartista), como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jorge Avalos Mariño (PLRA, efrainista) de la comisión de Legislación.