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La organización no gubernamental Tedic solicita a través de un comunicado vetar la ley sancionada en el Congreso Nacional el pasado 18 de agosto (sanción ficta) que no logró ser tratada. Se trata de la ley “que regula la activación del servicio de telefonía móvil” y que obliga a cancelar el servicio de telefonía móvil a usuarios que no entreguen sus huellas dactilares en los primeros 12 meses de la vigencia de la normativa.
El artículo 5 inciso d expresa: “Completar el formulario único a ser elaborado por la autoridad de aplicación, el cual contendrá como mínimo los datos personales, firmas y además la impresión dactilar o huella digital del pulgar derecho de la persona solicitante hecha ante el agente de venta, quien finalmente firmará y además dejará su impresión dactilar en el formulario”.
Este punto es cuestionado por Tedic, en el sentido de que “solicitar datos biométricos sin un análisis de impacto previo y no contar con leyes de protección de datos personales que salvaguarden de cualquier abuso y garanticen una protección a los datos sensibles es muy problemático. No podemos apoyar una ley que ponga en peligro nuestra privacidad”. Por otro lado, señalan que más del 90% de la población tiene líneas de telefonía móvil a nombre de los titulares de la línea.
Explican además que una nueva investigación de la organización sobre el estado de la protección de los datos personales en las instituciones públicas revela que “urge fortalecer estándares y prácticas de protección de las bases de datos del Estado. La ausencia de una legislación robusta es el principal problema que se encuentra. Todas las personas están expuestas a riesgos y abusos a raíz de esta ausencia”.
La iniciativa tiene como proyectista al diputado Walter Harms (ANR) y fue aprobada por la Cámara Baja el 17 de agosto del año pasado. Luego fue aprobada con modificaciones por la Cámara de Senadores el 24 de noviembre del 2016. La Cámara de Diputados aceptó parte de las modificaciones y rechazó otras, el 3 de mayo pasado.