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El proyecto, que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y actualmente se encuentra en Diputados para su tratamiento, no es aceptado por trabajadores del Ministerio Público. Aseguran que no se trata de un pedido de aumento salarial.
El gremialista, que cumple funciones en la Unidad Fiscal de Ayolas, señaló que los funcionarios del Ministerio Público pretenden que se mantengan vigentes las tasas judiciales que se pagan en el Poder Judicial, de los cuales un 19% es destinado al funcionamiento de las unidades fiscales y, como consecuencia, muchas se deberán cerrar en el interior del país.
“La anulación de las tasas judiciales comprometerá a muchos lugares de trabajo y también a los médicos forenses que realizan tareas para la institución, que ya no podrán hacer sus tareas como corresponde porque no se les podrá comprar más los insumos. Acá se debe aclarar que no se trata de un pedido de aumento salarial”, dijo Curis.
La situación que se presenta se debe a que los ministros de la Corte se comprometieron con sus funcionarios a otorgarles un aumento del 5% al 10% para salarios, pero, al no tener recursos porque Ministerio de Hacienda no les aumenta el presupuesto, los ministros pretenden quedarse con las tasas judiciales.
“Nosotros pretendemos mantener los recursos que hacen operativas las fiscalías. Si no tenemos los recursos, ¿para qué vamos abrir la fiscalía si no vamos poder hacer nuestro trabajo?”, expresó.